Transcurridos 20 años desde que se incorporó al organigrama del Legislativo la Unidad de Participación Ciudadana, que eventualmente mutó en la Dirección de Participación Ciudadana, la sociedad ha presentado al menos 704 iniciativas.
Datos de la Asamblea Nacional precisan que, de ese total, 310 propuestas son viables, 22 se convirtieron en leyes de la República y las demás, 372, fueron rechazadas por no cumplir los requisitos de ley o chocar con proyectos de los diputados.
A criterio de representantes de la sociedad civil, estas cifras demuestran que los panameños poco se animan a presentar propuestas de ley, pese a que ello no implica un trámite complicado.
Plantean que el problema radica en que solo se creó el mecanismo para presentar las propuestas, pero no se “anima ni promueve” la participación ciudadana en las comunidades.
Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, opinó que la falta de una política que promueva el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia ha frenado la contribución ciudadana.
Dijo que solo 22 leyes aprobadas reflejan poco interés en reconocer que el poder emana del pueblo y no de la Asamblea, y confirman a los ciudadanos la brecha entre comunidades y diputados, así como la producción y reproducción de un sistema de poder patrimonialista y no de servicio.
Para Jaén, la participación ciudadana se ha ido desmantelando desde 1990 y, en cambio, se ha fortalecido la partidocracia. “Mientras no haya una cultura que motive la participación ciudadana, que se eduque para participar, para rendir cuentas y se eduque en la corresponsabilidad, yo creo que va a ser muy difícil”, enfatizó.
Cristian Ábrego, de Conciencia Ciudadana –quien presentó la iniciativa que hoy es ley y obliga a las instituciones a digitalizar su documentación–, opinó que la desmotivación ciudadana es resultado de que en la mayoría de las ocasiones los diputados ignoran las propuestas. “Muchos ciudadanos piensan que van a terminar perdiendo su tiempo y que sus propuestas no van a prosperar”, dijo.
Contó que su iniciativa fue aprobada debido a que, por casualidad, conoció al diputado Leandro Ávila, quien en ese momento dirigía la Comisión de Gobierno, instancia que debía prohijar el anteproyecto de ley. “Luego de escribirle todos los días, pudimos lograr que el proyecto se prohijara y avanzara a través de los tres debates. Pero si no es por esto, probablemente hubiese quedado durmiendo el sueño eterno”, narró.
Pidió a los ciudadanos que antes de proponer una iniciativa se asesoren y conozcan a qué comisión irá y que intenten hacer contacto con los diputados que integran la junta directiva de esa instancia, ya que estos son los que tienen la decisión final.
El proceso
Desde que se creó la unidad de participación en 2000, en la mayoría de las administraciones de la Asamblea ha sido aprobada una iniciativa ciudadana.
Recientemente, en el primer periodo de Marcos Castillero (julio-2019-julio 2020) se aprobó la iniciativa que crea la condecoración medalla al mérito Stanford Hill, presentada por Madiulis Ávila, Mayra Navalos, Milagros Pérez y otros, la cual ya fue sancionada. Mientras, en lo que va de su segundo periodo (julio 2020-julio 2021) se avaló la ley de trámites electrónicos.
Desde marzo pasado, cuando arrancó el estado de emergencia por la Covid-19, y hasta septiembre, se presentaron 42 iniciativas ciudadanas, entre estas, una de Francisco Berrío que busca prohibir actos homosexuales en público; y otra de Emilsa Espinosa que plantea el uso del sistema biométrico en las notarías.