Tras rendir declaración ante una fiscalía de Bélgica, el expresidente Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros que se habían refugiado junto a él en ese país fueron dejados en libertad mientras se decide el pedido de detención, efectuado por el Ejecutivo español.
Se les otorgó medidas cautelares de presentarse ante la autoridad cuando sean requeridos.
CARLES PUIGDEMONT, EN LIBERTAD CONDICIONAL
Un juez de instrucción belga dictó libertad condicional al expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), tras tomarles declaración durante unas cinco horas.
A los cinco exfuncionarios catalanes se les retiró el pasaporte y tendrán que comunicar al juez dónde se alojan mientras estén en Bélgica.
El juez de instrucción tenía plazo hasta las 9:17 a.m. de hoy (hora de Bélgica) para decidir si los dejaba en prisión mientras dure el procedimiento o si los dejaba con medidas cautelares.
Según explicó Gilles Dejemeppe, portavoz de la Fiscalía belga en Bruselas –en una rueda de prensa anterior a que se supiera la decisión final–, para la decisión el juez tuvo en cuenta factores como la posibilidad de tener un domicilio o un número de teléfono en el cual estar localizables.
Ayer, los cinco políticos independentistas se apersonaron a las céntricas dependencias policiales situadas en el número 202 de la Rue Royale de Bruselas, donde se les notificó oficialmente la orden europea de arresto.
La orden de búsqueda y captura fue emitida el pasado viernes por la jueza española Carmen Lamela, instructora del caso que investiga los hechos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración de independencia de Cataluña.
La entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fue pactada un día después de que se emitió la orden con la Policía belga para evitar el bochorno internacional que habría supuesto ser grabados por las cámaras de televisión detenidos a la fuerza por las autoridades.
Al mediodía de ayer fueron puestos a disposición judicial en el edificio de la Fiscalía General de la capital belga, donde se les tomó declaración en presencia de sus abogados y con la ayuda de los traductores.
En esta primera fase del procedimiento no se dirime si van a ser o no entregados a España –donde son reclamados por los delitos de rebelión, sedición y malversación en la causa por el proceso independentista en Cataluña– sino que se busca determinar si hay o no riesgo de fuga de Bélgica.
La segunda parte del procedimiento, relativa a la decisión de extradición, podría alargarse hasta 90 días, ya que su ejecución está obstaculizada por la letra pequeña de las leyes de entrega de personas reclamadas en la Unión Europea. Y es que la rebelión y la sedición, los delitos principales, que se imputan a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros, no están contemplados ni en la lista de los 32 delitos que se entienden comunes ni en el Código Penal belga. Si al final fueran extraditados por el tercer delito del que se les inculpa, la malversación de fondos públicos a España, la pena de cárcel sería menor.
Los acusados tenían la facultad de elegir el idioma en que se iba a gestar el proceso. Puigdemont prefirió el neerlandés, por lo que se le asignó un juez flamenco. Su último mensaje en Twitter, publicado el sábado, estaba escrito en esta lengua y en él afirmaba estar “preparado para cooperar con la justicia belga tras la emisión de la orden por parte de España”.
LA DECONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE INDEPENDENTISTA
Una de las medidas circunscritas al estado de la libertad condicional es que Puigdemont y sus segundos no podrán mantener ningún tipo de contacto con los medios de comunicación, dijo el portavoz de la fiscalía.
En este caso, de igual manera que si queda en prisión, se va a complicar la carrera política del expresidente de la Generalitat, quien se erigió como el candidato de su partido para las elecciones autonómicas convocadas por el presidente de España, Mariano Rajoy, para el próximo 21 de diciembre.
Sin embargo, no hay una visión unitaria en todo el bloque independentista. Puigdemont había abanderado la idea de una lista única que juntara a todos los líderes separatistas, pero no caló de forma homogénea.
La coordinadora nacional de Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, descartó sumarse a esa hipotética lista única y se mostró favorable a articular una coalición encabezada por Xavier Doménech.
Esquerra Republicana de Catalunya, que desde siempre ha sido el partido propulsor de la secesión, puso como condición a la adhesión a esa candidatura uniforme que estén dentro todas las fuerzas soberanistas.
Mañana vence el plazo para inscribir coaliciones para las elecciones catalanas.
Mientras, en Cataluña, activistas enarbolaron carteles a favor de la independencia y de la liberación de los líderes separatistas encarcelados. La principal organización separatista, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizó la movilización y llamó a una huelga para el miércoles.
Agusti Alcoberro, vicepresidente de la ANC, expresó esperanzas de que todos participen en la marcha y expresó que su agrupación está considerando la posibilidad de organizar una marcha en Bruselas para el 6 de diciembre.