La querella interpuesta en el día de ayer por la diputada Zulay Rodríguez tiene 25 páginas de extensión, que revelan más sobre las amenazas, reales o ficticias, que la diputada ha enfrentado en el pasado que sobre los reportajes y denuncias del comunicador Mauricio Valenzuela.
La querella es un reflejo de la diputada. Es incomprensible por qué la querella cita profusamente los “Varelaleaks” para demostrar las conspiraciones contra la diputada, si ella sabe que esos pinchazos son ilegales. Se mezclan relatos del comportamiento del expresidente Juan Carlos Varela, su hermano, el exdiputado José Luis Varela, la exprocuradora Kenia Porcell, y un sórdido relato sobre un “delincuente” fallecido, que amenazó a la diputada en el pasado.
Nada de esto tiene vinculación con Valenzuela. Existen aspectos impactantes de la querella, pero lo más preocupante es el uso del concepto de violencia de género, para provocar censura e intimidación. La diputada pretende que su condición de mujer sirva de blindaje para aquello que ella no le permitió a múltiples mujeres, a las que exhibió y humilló en la Asamblea Nacional.
Lamentablemente, se pretende ahogar la crítica a un servidor público con el discurso de violencia de género. Esto estuvo mal cuando lo usó la exprocuradora Porcell , y está mal en esta ocasión. La razón por la cual se invocan las medidas de protección es para conseguir censura.
El comunicador Valenzuela no podría acercarse a la Asamblea, ni tampoco a otro sitio en que se encuentre la diputada mientras dure el proceso. Si se toman en cuenta las casaciones y las inconstitucionalidades, esto puede ser más de 10 años. Esto amenaza el derecho al trabajo del comunicador. La diputada pretende que se le indemnice con 500 mil dólares por los daños sufridos y se compromete a usarlos en “[...] los albergues que existan en las diferentes instituciones, compartido este beneficio para el Rescate de los perritos y gatitos de la calle [...]”.
Ahora, nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a la información dependen de un fiscal y de un juez de garantías. La espada de la censura está sobre la cabeza de todos los panameños.