El Partido Popular, la formación conservadora en el poder en España, volvió a protagonizar ayer la crónica judicial con una nueva detención y un testimonio sobre una presunta destrucción de pruebas, mientras el Partido Socialista intenta crear una gran alianza para desplazarlo del poder.
En Madrid, José Manuel Moreno, responsable informático del Partido Popular (PP), reconoció ante una jueza que, tras recibir una orden, destruyó los discos duros utilizados por un antiguo tesorero del partido, Luis Bárcenas, investigado en varios casos y que habrían podido contener información incómoda, según una fuente judicial.
Admitió que hizo “35 borrados de los discos duros, los rayó, rompió y tiró a la basura”, pero afirmó que estaban vacíos.
Simultáneamente, la guardia civil detuvo brevemente en Valencia (este) a otra figura del partido, Alfonso Grau, exvicealcalde de la ciudad, donde el PP cuenta con varias decenas de cargos investigados.
Mientras tanto, el PP de la región de Madrid estará dirigido provisionalmente por una gestora, debido a que las investigaciones a que están siendo sometidos varios de sus miembros llevaron a la dimisión de la presidenta regional Esperanza Aguirre.
El PP pagó caro estos casos en las elecciones legislativas del 20 de diciembre, en las que perdió su mayoría absoluta, consiguiendo un 27.8% de los sufragios. Aunque fue la fuerza más votada, por delante de los socialistas, Podemos (izquierda radical) y el partido liberal Ciudadanos, el PP no está en posición de formar gobierno, ya que ninguna de las otras tres fuerzas está dispuesta a ayudarlo, principalmente a causa de estos escándalos.
Incluso Ciudadanos, más cerca ideológicamente, no le apoya. Ayer lunes, su líder, Albert Rivera, denunció que lo que está sucediendo “es propio de un sistema mafioso”.