Hasta las 4:00 p.m. de ayer, unas 280 iniciativas se habían presentado en la plataforma digital Ágora, creada el pasado 26 de noviembre como parte del proceso de diálogo del Pacto del Bicentenario, convocado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
La mayoría de las sugerencias (270) publicadas en www.agora.gob.pa provienen de ciudadanos en nombre propio.
Las iniciativas van desde la eliminación de la Asamblea Nacional hasta una petición para que no se le haga descuentos a los jubilados en el pago de sus pensiones.
El proceso no está exento de críticas por la falta de información de cómo se escogen, por ejemplo, a los integrantes de organismos clave del diálogo.
Empieza la presentación de propuestas en Ágora
Tres días después de que el Ejecutivo diera luz verde al uso de la plataforma digital Ágora (www.agora.gob.pa), como parte de la convocatoria del Pacto de Bicentenario Cerrando Brechas, 280 propuestas han sido presentadas.
La mayoría de las propuestas, unas 270, han sido subidas por ciudadanos. Otras cinco han llegado de la mano de dirigentes de la sociedad civil organizada; una la ha presentado el sector de los académicos y otras cuatro son de representantes políticos. Este conteo se actualizó ayer a las 4:00 p.m.
Los planteamientos
Aunque las propuestas en su mayoría están ligadas a los 11 temas que el Gobierno planteó, entre los que destacan seguridad alimentaria, educación, salud, economía , justicia y acceso al agua potable, hay otras que son de interés para los ciudadanos.
Por ejemplo, en la sección de “Otras propuestas para cerrar brechas”, se plantea: mejorar y reforzar las relaciones entre Panamá y Costa Rica, eliminar la Asamblea Nacional, la creación de un corredor marítimo por la Bahía de Panamá, la creación de un centro de datos para procesar información de investigaciones científicas, mejorar las políticas migratorias y eliminar el descuento del seguro social a los jubilados y pensionados.
Así como “eliminar la corrupción del Órgano judicial”, una ley de astilleros y fabricación de buques, una constituyente, una ley de escala salarial para los empleados públicos y más sanciones para los maltratadores de animales.
Panamá, con 150, Chiriquí (34), Panamá Oeste (25) y Los Santos (11), son las provincias con mayor número de propuestas. En las áreas comarcales no aparecen propuestas todavía. Estas estadísticas son arrojadas por la propia plataforma, que es el medio que tendrán los ciudadanos para participar en el Pacto del Bicentenario hasta el próximo 28 de febrero.
La plataforma también le permite al ciudadano saber en qué fase del proceso del diálogo se está. El diálogo tiene dos etapas: Panamá Propone y Panamá Decide. Y cinco fases: presentación de propuesta ciudadanas; clasificación y viabilidad científica de las propuestas; comisiones regionales y nacionales; redacción de documento, y consulta ciudadana.
La clasificación y viabilidad de estas propuestas, que se actualizan por segundo en la plataforma, arranca el próximo 2 de enero y se extiende hasta el 15 de abril.
Dudas y quejas
Pese a que los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus iniciativas, el tema de quiénes serán los encargados de revisar y avalar estas premisas ha generado algunas reacciones.
El jueves, cuando el Ejecutivo dio a conocer la metodología del Pacto del Bicentenario que se elaborará durante un año, solo se conoció que Paulina Franceschi, especialista en políticas públicas, sería la coordinadora del pacto a través del consejo consultivo. Nada se dijo de quiénes lo integrarán, ni cómo fueron elegidos. Lo poco que se informó es que se encargará de dar seguimiento al proceso del pacto.
En los últimos días han trascendido algunos nombres de ese consejo consultivo, entre ellos Harry Brown, Felipe Rodríguez, César Tribaldos, Samuel Lewis Navarro, Elberto Cobos, Gerardo Berroa, Enrique De Obarrio y Jerusalén Smith.
Durante la convocatoria al pacto, Franceschi se limitó a decir que dentro de la metodología hay reglas claras, objetivos, funciones, criterios, formatos de evaluación, consensos y procesos que se deberán cumplir.
Además, señaló que las mesas de diálogos regionales y nacionales, que tampoco se sabe quiénes las conformarán, serán monitoreadas, ya que el proceso tendrá un sistema de indicadores para rendir cuentas sobre cómo marcha el diálogo.
El Gobierno tampoco ha explicado cuál será el plan de ejecución para poner en marcha las propuestas viables que recogerá el documento final.
En ese sentido, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia , quien reconoce que es “positivo” cualquier esfuerzo por lograr un gran consenso nacional, cuestionó que el Gobierno solo dejó claro que todas las propuesta “factibles”, “pertinentes” o “viables” serían acogidas, pero no se explicó qué es “viable”, “factible” o “pertinente”. Tampoco quién lo determinará y con qué criterios. “Eso le faltó al presidente [Laurentino Nito] Cortizo, decírnoslo, pues al no estar claro para los que hemos sido invitados a colgar nuestras propuestas, lo haremos con la posibilidad que no sea ‘viable’, ‘factible’ o ‘pertinente’ y, por tanto, sea desechada”.
Planteó que no se trata de un tema metodológico, “sino de falta de transparencia por parte de quien nos ha convocado”.
Sobre el consejo consultivo, manifestó que por los nombres que han circulado pareciera que no es congruente con la población del país, en la que la mitad son hombres y la mitad mujeres. Otro punto, según Lee, es cuánta legitimidad tienen estas personas en las organizaciones que supuestamente representan.
