Rolando López, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, y Frank Ábrego, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), sufrieron reveses en distintas instancias judiciales en el marco del caso que les sigue el Ministerio Público por la Operación Furia, en la que se investiga supuesto tráfico de armas.
A López, la Corte Suprema de Justicia no le concedió un amparo de garantías constitucionales con el que alegó que la jueza de garantías Gloria González violó sus garantías al avalar un allanamiento a su residencia, ubicada en la provincia de Veraguas.
La Corte alegó que la diligencia incluía la ubicación de armas de fuego, teléfonos celulares, memorias de almacenamiento y computadoras con información a través de la que se podía seguir el rastro de otros implicados en la presunta comisión del delito.
Mientras que el Primer Tribunal de Justicia no le concedió a Ábrego un amparo de garantías contra la decisión de un juez de garantías que le imputó cargos en este caso por la presunta comisión del delito de tráfico de armas.
Esta investigación está a cargo de Emeldo Márquez, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y, además de López y Ábrego, se procesa a otros exjefes de organismos de seguridad pública.
