Si la Asamblea Nacional ratifica a los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que designará el presidente Laurentino Nito Cortizo, estos juristas tendrán que decidir la suerte de procesos de alto perfil relacionados con delitos contra la administración pública y millonarias demandas contra el Estado, que están en los escritorios de los magistrados que reemplazarán.
Sala Penal
En la Sala Segunda de lo Penal, a la que pertenecen Jerónimo Mejía y Harry Díaz, dos de los que se irán a partir de enero próximo -aunque Mejía aspira a un nuevo mandato-, están los recursos de casación y anulación presentados por el Ministerio Público y los querellantes contra el fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de los delitos de espionaje político y peculado.
Estos expedientes están en manos de Wilfredo Sáenz, suplente de Díaz y a quien también se le vence su periodo en diciembre.
Esa misma sala también tiene otras dos casaciones que presentó el Ministerio Público y que buscan revertir distintos fallos, entre ellos, el que dejó libre de cargos a los investigados por supuestas irregularidades en un préstamo que otorgó la estatal Caja de Ahorros (CA) en el gobierno de Martinelli (2009-2014). Esta acción legal está en el despacho de Díaz.
También está la que pretende dejar sin efecto la sentencia que sobreseyó provisionalmente a los imputados en el caso de supuestas anomalías en la compra de radares a Finmeccanica.
Cualquier decisión sobre ambos procesos deberá ser avalada por los dos nuevos magistrados, a menos que la Corte emita los respectivos fallos, antes de que termine el año.
Sala Tercera
En tanto, quien sea escogido para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo debe lidiar con la demanda del comerciante Abdul Waked contra el Estado.
Waked exige que el Banco Nacional de Panamá (BNP) le pague $1,268 millones, por actuar como fiduciario del fideicomiso al que él mismo traspasó Soho Mall, después de ser incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El ponente es Abel Zamorano, a quien se le vence su periodo y que también aspira a mantenerse en el cargo.
En esta sala, además, reposan las más de 400 demandas contra el Estado, interpuestas por víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol.
Lo primero que deberán hacer los nuevos magistrados es decidir si acogen o no el recurso de apelación que presentó el procurador de la Administración, Rigoberto González, contra la admisión de las demandas, una decisión que tomó en su momento el magistrado Luis Ramón Fábrega.
El pulseo
La Comisión Especial de Evaluación que analizó el perfil de los aspirantes a la Corte entregó a Cortizo una lista de 32 candidatos que reúnen los requisitos para ocupar los puestos: 21 para la Sala Penal y 11 para la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El mandatario también designará a seis suplentes de magistrados.