Mes y medio después de que este diario destapara el escándalo de las jornadas de vacunación clandestina, las investigaciones que sigue el Ministerio Público al respecto siguen enredadas.
En efecto, fuentes vinculadas con las pesquisas –a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción– confirmaron ayer a La Prensa que los investigadores siguen tratando de establecer cómo habrían salido de los depósitos del Ministerio de Salud (Minsa) las vacunas que pudieron haber sido aplicadas a 32 personas, 16 durante una primera jornada el 1 de junio en Punta Pacífica y 16 en la otra el 7 de junio en Coco del Mar.
En esa misma línea de investigación, la fiscalía intenta identificar qué funcionarios del Minsa u otra institución podrían estar involucrados en la sustracción de esas vacunas.
Pero, según explicaron las fuentes, las investigaciones “se complican” debido a los resultados de las pruebas practicadas a 16 de las 32 personas por científicos del Instituto Gorgas de Estudios de la Salud, resultados que pasaron por manos de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que ya están en poder de la fiscalía.
Según esos resultados, las personas “pudieron no haberse vacunado”, precisaron las fuentes.
Y si no fueron inmunizadas, no hay vacuna que hubiese sido sustraída del Minsa ni funcionario involucrado en ese ilícito, de allí el enredo en el proceso, siempre según las fuentes.
Hasta ahora, lo único que se sabe de los citados resultados es que 3 de las 16 personas salieron positivas para los anticuerpos “S” (antígenos de superficie) y “N” (del núcleo viral), lo que quiere decir que estuvieron expuestas al virus de la Covid-19.
En este enredado escenario, la fiscalía ha pedido informes a varias entidades del Gobierno sobre los procesos administrativos del plan de vacunación.
Por el momento, el único detenido por este caso es Matías Escudero Pérez, el vacunador, a quien se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa, contra la fe pública y ejercicio ilegal de la profesión de médico.
Además, el pasado 16 de junio la fiscalía giró oficios a la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Judicial para que detengan a un hombre identificado como Aaron, presuntamente vinculado con las jornadas de la vacunación.
De acuerdo con las pesquisas, Aaron era el encargado de recolectar los $200 que le cobraban a las personas por una dosis de la supuesta vacuna anticovid.
Por ahora, la fiscalía no ha imputado a Denisse Vega de Murzi, dueña del edificio donde se realizó la vacunación clandestina en Coco del Mar el 7 de junio; ni a Celine Gazal de Esses, que tramitó la otra jornada, en un edificio en situado Punta Pacífica, el 1 de junio.
