Eduardo Ulloa se convertirá, de ser ratificado por la Asamblea Nacional, en el noveno procurador general de la Nación de la nueva era democrática.
El mandato de Ulloa tendrá una duración de 60 meses, iniciando el 2 de enero del 2020, y concluyendo el 31 de diciembre del 2024.
Según el artículo 220 de la Constitución Política, el Ministerio Público tiene como atribuciones principales: defender los intereses del Estado y de los municipios; promover el cumplimiento de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas; vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos; servir como consejero legal de las autoridades; perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones legales o constitucionales; y aquellas otras que establezca la ley.
El procurador de la Nación no es un fiscal más, sino que, como cabeza visible del Ministerio Público, debe asumir funciones adicionales que permitan que se cumplan con los objetivos de la justicia dentro y fuera del territorio panameño.
Por ejemplo, el procurador de la Nación es quien preside la junta directiva del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses. Igualmente, preside la junta directiva de Conapred, principal organismo del Estado panameño dedicado a la coordinación de las políticas públicas en materia de prevención, del consumo de drogas y de la represión del narcotráfico.
Además, el procurador es parte de la comisión del Pacto de Estado por la Justicia, organismo en el que, entre muchas funciones, se evalúa la situación del sistema de justicia. A su vez, el Ministerio Público es la contraparte de las investigaciones que otros países requieren que Panamá realice en materia criminal. Esta entidad es el punto focal de varias convenciones internacionales pertinentes a la lucha contra el crimen. Por ejemplo, tanto la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción tienen como punto focal el Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación también es responsable de formular su presupuesto y de justificarlo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Asamblea Nacional.
Por mandato constitucional el Procurador General puede proponer proyectos de ley a la Asamblea Nacional, e interactuar ante las distintas comisiones de la Asamblea, para incidir sobre proyectos que puedan afectar la justicia.
Finalmente, el procurador participa de instancias de coordinación y consulta en materia de justicia con la Corte Suprema de Justicia, en materia de delincuencia con el Ministerio de Seguridad, y en materia de cooperación internacional referente a la justicia, debe coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y es uno de los actores claves para el cumplimiento de las obligaciones de Panamá ante el GAFI.
Todas estas funciones tienen que realizarse al mismo tiempo que se persigue el delito, y se dirige a todo el cuerpo de fiscales y personeros, y sus auxiliares en toda la República. Como dijo el Presidente Cortizo al anunciar su designado: “This is a hard job”. Ciertamente.
