Una innovación del sistema electoral panameño es la revisión periódica de las normas electorales, en un trabajo consensuado entre partidos políticos, sociedad civil y autoridades electorales.
Ese esfuerzo es conocido como la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que arrancó ayer.
Las elecciones panameñas son el resultado de un proceso electoral interno de los partidos políticos y de un intenso trabajo de los candidatos de libre postulación.
Pero no existe igualdad entre ambos grupos.
Toda reforma electoral debe promover una cancha nivelada para todos los actores. Aquí ayudaría mucho una primaria para los aspirantes por la libre postulación, a fin de que no haya el desgaste de la recolección de firmas para luego correr a hacer una campaña.
El acceso a recursos económicos es otro gran diferenciador. Los subsidios recibidos por los tres principales partidos políticos son multimillonarios y, como señaló la misión electoral de la OEA en su informe del pasado 19 de febrero, los topes de gastos de campaña son demasiado elevados.
Según el documento, las capacidades de monitoreo y auditoría en tiempo real del Tribunal Electoral a las campañas políticas son áreas que requieren mayor fortalecimiento.
Otro gran agujero de las campañas es el uso de “donaciones” de los candidatos y funcionarios que buscan la reelección y que, utilizando bolsas con comida, sacos de cemento, electrodomésticos e, incluso, ofertas de empleo, buscan inducir a los electores a otorgarles el voto. Aunque están prohibidas, estas conductas quedan impunes.
Quizás, al final, el tema de la justicia electoral sea la más grande de todas las deudas pendientes. Con un término de prescripción de un máximo de tres años, una gran cantidad de estos delitos nunca son perseguidos.