El mismo día que el Gobierno declaró las medidas de confinamiento obligatorio para tratar de contener la pandemia del Covid-19, estableció una serie de excepciones con el fin de garantizar las actividades esenciales, principalmente en materia de salud, alimentación y servicios básicos.
Ese 24 de marzo se publicó el Decreto No. 507, para que el personal de las empresas exceptuadas pudieran recibir un salvoconducto, a fin de que cumplieran con las actividades claves para el funcionamiento del país.
Las principales irregularidades
Cálculos de las autoridades de seguridad indican que han emitido unos 300 mil salvoconductos; cerca de la mitad se usaban, en palabras del ministro de Seguridad, Juan Pino, como “patente de corso” para violar las medidas de aislamiento social en actividades que no siempre tenían relación con el objetivo del salvoconducto.
Fuentes de la Policía Nacional explicaron a este diario que algunos de los salvoconductos tienen los sellos alterados y, en otras ocasiones, no se distinguen claramente y, al hacer una revisión más detallada, se detecta que son falsos.
Ya el Ministerio Público investiga, al menos, tres casos de este tipo.
También se descubrió que algunos taxistas presentaron salvoconductos que no corresponden al número de placa de circulación del vehículo.
Otra de las irregularidades descubiertas es que los permisos son usados fuera del horario de las empresas o para actividades personales. Incluso, empleados que trabajan y residen en un corregimiento determinado son ubicados en sitios muy distantes. Cuando se les pide una explicación, no pueden justificar que su trabajo implique movilizarse hasta ese punto.
También se han detectado salvoconductos expedidos a favor de familiares de políticos que no hacen ninguna labor para empresas, instituciones públicas o instituciones exentas del cumplimiento de la cuarentena obligatoria.
La mayoría de estos casos son manejados por jueces de paz, pero hace poco llegó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley aprobado en el Gabinete que tipifica penalmente la desobediencia de las medidas de aislamiento social, cuarentena y toque de queda.
Dónde vive y dónde trabaja, información clave
Es en este contexto que las las autoridades decidieron invalidar todos los salvoconductos emitidos y ordenaron su actualización.
Un gerente de recursos humanos consultado por este diario informó que el único dato relevante adicional que están pidiendo ahora es el lugar preciso donde vive la persona a la que se le emite el permiso.
Esta información, contrastada con el lugar de trabajo, es clave para determinar si la persona en realidad está usando el salvoconducto para asuntos laborales o personales.
La fecha tope para actualizar la información era ayer, viernes 17 de abril, a las 5:00 p.m.
Sin embargo, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) emitió un comunicado el pasado jueves, en el que señala que el tiempo para la recepción de solicitudes de actualización fue extendido hasta el próximo lunes 20 de abril, a las 5:00 p.m.
Después de esa fecha, los salvoconductos que no fueron validados se desactivarán.
Empresarios se quejan del sitio web
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aldo Mangravita, advirtió de que el sitio web habilitado para que las empresas actualicen la información –validacion.salvoconductos.mici.gob.pa/register– se cae con regularidad y hay que reiniciar el proceso. Antes, el proceso se hacía vía correo electrónico.
Sin embargo, según un comunicado del MICI del 16 de abril, todos los que obtuvieron la nueva validación mediante correo electrónico ya no tienen que volver a hacerlo a través de la página web.
El MICI también habilitó un teléfono para brindar asistencia en este proceso (504-4420) de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., incluyendo este fin de semana. No obstante, este diario hizo la prueba de llamar cuatro veces a esta línea y siempre estuvo ocupada.
