ANÁLISIS

Los usos y desusos de las excusas médicas en la justicia

Los usos y desusos de las excusas médicas en la justicia
En Panamá no existen disposiciones legales ni jurisprudencia significativa sobre el tema de las estrategias abusivas de la defensa. Archivo

En Panamá hay dos sistemas procesales actuando de forma simultánea. En ambos sistemas, las ausencias justificadas respaldadas por certificados médicos son una preocupación de la justicia.

En ninguno de los dos sistemas hay un límite a la cantidad de certificados médicos o al término cubierto por estos. Recordemos los dos años de hospitalización de Luis Cucalón.

“Cada vez que una audiencia no se realiza, se causa una serie de atrasos y una enorme pérdida de tiempo y recursos”, escribió la penalista Maribel Cornejo en las páginas de opinión de La Prensa el 25 de junio de 2009. Cornejo es actualmente magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según lo que parece ser la práctica dominante respecto al abuso de los certificados médicos en Iberoamérica, son los abogados defensores los que presentan este documento para excusarse de su participación en los procesos en los que tienen clientes. Esto se convierte en parte de su estrategia de defensa.

El nuevo Código Procesal Penal contempla en su artículo 105 la facultad del juez para hacer verificar a posteriori los certificados médicos presentados por los abogados para ausentarse de las audiencias.

¿Qué pasa cuando se comprueba que un certificado médico es falso? Existen dos tipos de falsedad posible: la de un documento auténtico pero con contenido falso, y la de un documento totalmente falsificado.

Estas conductas están penadas en los artículos 372 y 373 del Código Penal, que establecen sanciones tanto para los médicos que expiden los certificados, como para los abogados que los usan, incluso si es para sus clientes.

Estrategia de defensa

El uso de certificados médicos falsos es un problema significativo en los procesos judiciales iberoamericanos. En términos generales, se le considera como parte de una estrategia de defensa antiética y procesalmente desleal.

Al respecto, el Tribunal Supremo de España, en un fallo del 3 de enero de 2014, descalificó las tácticas de la defensa en un caso de alto perfil, que serían muy similares a las conocidas en Panamá.

Para los juristas del Tribunal, las prácticas abusivas de la defensa penal alcanzan el nivel de “un evidente fraude procesal”.

En el fallo se destaca lo siguiente: “la capacidad de todo imputado de designar a un abogado de su confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa”.

Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de Colombia le reclamó a los juzgados inferiores por permitir el abuso de medidas y recursos dilatorios, señalándoles que había que “evitar la dilación de los procesos con fines contrarios al orden justo”. Incluso, en Colombia se han iniciado procesos disciplinarios a abogados por la evidente dilación de casos.

En Panamá no existen disposiciones legales ni jurisprudencia significativa sobre el tema de las estrategias abusivas de la defensa.

¿Cómo se controlan los certificados médicos?

Si no se puede restringir las estrategias de defensas abusivas, en Panamá por lo menos existe un mecanismo para validar los certificados médicos privados presentados en procesos judiciales.

La Prensa consultó al doctor José Vicente Pachar, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien explicó la realidad panameña: “El Imelcf no valida ni examina las incapacidades presentadas. Le corresponde a la autoridad competente solicitar las pericias que requiera dentro de sus investigaciones.”

En otras palabras, se necesita que los fiscales o los jueces, según sea el caso, le pongan fin a la práctica de los certificados médicos falsos.

Un destacado penalista panameño, bajo reserva, sugirió que la justicia “no debería aceptar los certificados médicos privados” para evitar este abuso.

Basta que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación manden el mensaje para que termine la era de las estrategias abusivas de defensa penal.

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