Luego de críticas y rechazo por parte de varios sectores de la sociedad civil, la diputada oficialista Cenobia Vargas anunció que modificará la propuesta de ley que crea un programa para la protección de niñas víctimas por delito sexual.
La iniciativa de ley establecía un subsidio de $75 mensuales a niñas víctimas de violación, a partir de los 12 años de edad. Además, indicaba que los pederastas condenados por abuso sexual no deberán estar a menos de 500 metros de un centro educativo o parque.
Activistas como Rossana Uribe, presidenta de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), se preguntan cómo es posible que se proponga un subsidio de este tipo que de una forma u otra normaliza una situación inaceptable. “La misma frialdad con la que habla la diputada sobre este tema a mí me impresiona. Lo que necesitamos como país es tener una herramienta como la educación sexual para que las niñas no sean abusadas”, puntualizó.
Por su parte, Roderick Echeverri, vicepresidente de la Red de Niñez y Adolescencia, coincidió con Uribe en que subsidios hay muchos y lo que se debe aplicar en esta situación es la educación.
Según Echeverri hay elementos fundamentales a tener en cuenta para abordar los abusos sexuales. Uno de ellos es la prevención por parte de la sociedad. “A los niños hay que advertirles y darles las herramientas”, puntualizó.
Además, agrega, hay que fortalecer la atención a los niños que han sido víctimas de estos delitos y reforzar la legislación. “Hay que tener un equipo personalizado para que los niños reciban terapia. La instituciones necesitan apoyo en estos puntos, así como establecer medidas legales más fuertes”, concluyó.
Frente a las críticas, Vargas dijo entender que en estos momentos la economía de nuestro país se encuentra en una situación muy difícil. “En el primer debate vamos a hacerle una modificación para obviarlo”, adelantó al referirse al subsidio.
No obstante, Vargas, quien es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, manifestó que no desistirá de su iniciativa, porque también busca que “los pederastas, cuando salgan de la prisión, deban registrar su dirección para que las trabajadores sociales puedan darles seguimiento”.
La diputada justificó esta propuesta en el aumento de casos de abuso sexual.