Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), consignó ante el Juzgado Duodécimo Penal una fianza para no ser detenido de $2 millones, que le otorgó el Segundo Tribunal Superior en fallo del pasado 6 de marzo, como parte de la investigación que se le sigue junto a su hermano Ricardo Alberto por presunto blanqueo de capitales relacionado con Odebrecht.
Fuentes del Órgano Judicial y del Ministerio Público confirmaron que abogados del exmandatario consignaron la fianza, y que adelantan trámites para hacer lo propio con Ricardo Alberto Martinelli, a quien el juzgado también le dio el mismo beneficio y por el mismo monto.
La fiscal anticorrupción Tania Sterling presentó un amparo contra dichas fianzas, pero como hasta ahora no ha sido admitido ni rechazado por el magistrado Luis Ramón Fábrega, la defensa de los Martinelli siguió adelante con los trámites.
Las fuentes explicaron que si ya se hubiera admitido el amparo, se hubiese suspendido el proceso de consignación de ambas fianzas.
El nuevo recurso legal de los hermanos Martinelli
La defensa de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– interpuso un recurso de oposición al amparo de garantías constitucionales propuesto por la fiscal anticorrupción Tania Sterling contra la decisión del Segundo Tribunal Superior de otorgar fianzas de $2 millones a cada uno de ellos, como parte del proceso que se les sigue por presunto blanqueo de capitales relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
El abogado Carlos Carrillo, quien representa a los hermanos Martinelli Linares, argumenta en el recurso de oposición que la fiscal Sterling intenta convertir a la Corte Suprema de Justicia en una tercera instancia en la que se revise la decisión del Tribunal Superior Penal de acceder a la solicitud de fianzas.
Carrillo, quien también forma parte del equipo de abogados del expresidente Martinelli, afirma que el amparo de garantías constitucionales solo puede ser invocado si existe la violación de alguna garantía fundamental y únicamente puede ser interpuesto por la persona contra quien se ejecuta una orden; es decir, en este caso dicha facultad no le compete a la fiscalía.
Asimismo, asegura el amparo de garantías constitucionales es una acción que se presenta con el fin de subsanar o corregir una grave violación a alguna garantía fundamental y el derecho a fianza, lejos de de constituir una de esas graves violaciones, es un derecho fundamental de todo privado de libertad.
También hace referencia a fianzas otorgadas a personas que –como los hermanos Martinelli Linares–, se encontraban fuera del país, como Mayer Mizrachi.
En enero de 2016, el Segundo Tribunal concedió una fianza de excarcelación de $100 mil a Mayer Mizrachi Matalon, investigado entonces por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Mizrachi había sido detenido en Colombia, a raíz de una alerta difundida por Interpol a petición de la Fiscalía Primera Anticorrupción, que lo investigaba porque supuestamente no instaló el software Criptext para cifrar mensajes en celulares del personal de los estamentos de seguridad.
En octubre de 2019, el Juzgado Decimotercero Penal negó un recurso que pretendía la anulación del proceso seguido a Mizrachi.
El recurso de Sterling
En el amparo que presentó ante la Corte el pasado 11 de junio, Sterling alegó que el Segundo Tribunal no valoró la desatención de ambos imputados al proceso ni la gravedad del delito imputado, su conducta evasiva y su capacidad de destruir pruebas al momento de concederles la fianza.
Además, recordó que, presuntamente, lo hermanos habrían recibido pagos de Odebrecht entre 2009 y 2014 –quinquenio en el que su padre fue presidente de la República–, e incluso antes.
