Sobornos millonarios figurarían en la trama de corrupción para quedarse con contratos de obras públicas en el quinquenio 2009-2014.
Así consta en las delaciones que hicieron excolaboradores de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España.
En Panamá, esas mismas revelaciones podrían ser anuladas definitivamente.
Ya lo hizo el Segundo Tribunal Superior al desconocer la declaración de causa compleja y la prórroga de un año concedida por el Juzgado Undécimo Penal a la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga una de esas tramas: la de la construcción del tramo II de Vía Brasil, adjudicado a FCC.
Ahora, desde abril pasado, la Corte Suprema de Justicia designó al magistrado Cecilio Cedalise para resolver un amparo con el que la fiscalía ataca ese fallo del Segundo Tribunal, pero el recurso sigue sin resolverse.
Expediente de FCC , estancado en la Corte desde abril pasado
La Fiscalía Especial Anticorrupción espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo de garantías contra el fallo del Segundo Tribunal Superior que anuló la declaración de causa compleja y el año de prórroga que le había otorgado el Juzgado Undécimo penal para investigar.
El recurso fue presentado el 29 de abril de 2020 por la fiscal Ruth Morcillo, que instruye el caso del Corredor Vía Brasil, Tramo II, en el que presuntamente la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) pagó coimas para que se le adjudicara la obra.
El fallo del Tribunal, fechado el pasado 30 de enero y suscrito por la magistrada suplente Alina Hubiedo, deja sin efecto las diligencias realizadas por la fiscalía a partir del 24 de octubre de 2019.
Según la sentencia, la juez Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez –imputado en el proceso– había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal.
De acuerdo con Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación realizada por Suárez –en septiembre de 2019–, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.
Parte del expediente declarado nulo contiene las delaciones de Julio Casla y Eugenio Del Barrio, de FCC.
FCC supuestamente pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas, entre 2009 y 2014, para el reordenamiento vial en la capital.
Supuestamente, FCC se encuentra vinculada en otros proyectos que investiga la fiscalía, como por ejemplo las tres fases de la cinta costera, en las que los contratos fueron adjudicados a la brasileña Odebrecht, pero FCC participó como subcontratista.
Asimismo, en el proyecto de revitalización del Patrimonio Histórico, con plazo abierto para investigar, y en el de las dos líneas del Metro, obras en las que FCC también actuó como subcontratista de Odebrecht.
