El Primer Tribunal Superior no acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por el fiscal especializado contra la delincuencia organizada Emeldo Márquez contra una decisión del juez de garantías Erick González, quien, el 15 de julio pasado, declaró ilegal la orden de aprehensión de exfuncionarios de los cuerpos de seguridad investigados por presunto tráfico de armas en la denominada operación Furia.
La sentencia, con ponencia de la magistrada Nora Jovel Espinar, concluyó que el recurso presentado por el fiscal Márquez pretendía que ese tribunal se convirtiera en una nueva instancia ante la cual recurrir la decisión adoptada por el juez de garantías, pero esta solo sería revisable si hubiese alguna violación de derechos fundamentales, lo cual no se observa en este caso. Por ello, el Primer Tribunal rechazó el recurso presentado por la fiscalía.
De acuerdo con los magistrados, la orden de aprehensión del fiscal debe ser sustentable, de tal manera que el juez de garantías determine que no se han violado las garantías de los afectados con dicha medida.
En su recurso, el fiscal Márquez argumentó que, al no legalizar la aprehensión de los investigados, el juez de garantías no ponderó en debida forma la protección de los derechos sociales y la protección de la vida de los nacionales y extranjeros residenciados en el país frente a la existencia de un delito tan grave como el de tráfico de armas .
Además, alegó, el juez tampoco ponderó los riesgos procesales, como una posible fuga de los investigados y la destrucción de pruebas por parte de estos.
Sin embargo, los magistrados del Primer Tribunal estimaron que no se evidenció que hubiese riesgo de que los investigados desatendieran el proceso ni se sustrajeran de la investigación.
Además, que en la decisión del juez de garantías tampoco se evidenció violaciones de las garantías fundamentales.
Como parte de la operación Furia, la fiscalía ordenó la aprehensión de ocho exfuncionarios de los estamentos de seguridad por su presunta vinculación con el delito de tráfico de armas. Entre ellos, el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Rolando López; el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) Frank Ábrego; y el exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón.
