Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que solo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser llevada adelante.
En primer lugar, cabe señalar, como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al menos, de la prueba recibida.
Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de V.S. en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal. Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.
En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado. Concretamente, se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada, sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los legisladores oficialistas ni requerido por el fiscal. Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la colaboración imprescindible del Poder Judicial de “plantar”, a quien suscribe, una causa penal que me prive de la libertad.
Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.
En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico, tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central, de acuerdo a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su carta orgánica, es decir, promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (Art. 3).
Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el exministro de Economía Axel Kicillof, el expresidente y exvicepresidente del B.C.R.A., Alejandro Vanoli, y Miguel Ángel Pesce, así como también los de los directores y exdirectores de la misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la ley.