Ricardo Martinelli se presentó ante Emeldo Márquez, fiscal superior contra la delincuencia organizada, a las 9:25 a.m. de ayer, jueves 1 de julio.
Estaba acompañado de su abogado Roniel Ortiz, quien lo representa en el proceso por el cual fue citado: la supuesta compra de Editora Panamá América, S.A. con fondos públicos, caso conocido como New Business.
Márquez le informó que se le está investigando por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Le mostró la resolución de indagatoria y los contenidos de los artículos 22 y 25 de la Constitución. El 22 dice que toda persona detenida debe ser informada de las razones de su detención, y el 25 establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo.
“Diga el indagado si ha comprendido correctamente sus derechos y garantías constitucionales y si, teniendo conocimiento de las mismas, está dispuesto a declarar”, le preguntó el fiscal.
Martinell contestó que entendía, pero que eso no significaba que había renunciado al principio de especialidad contenido en el tratado de extradición pactado en 1904 por Estados Unidos y Panamá.
Añadió que nadie había solicitado el levantamiento del principio, y anunció: “estoy presentado un certificado de incapacidad”, y mostró un documento emitido por el cardiólogo Gabriel Frago, que dice que está incapacitado del 1 al 3 de julio. Además, se acogió al artículo 25 de la Carta Magna.
Frago es el mismo médico que en el pasado certificó que su cliente padecía de enfermedad coronaria, hipertensión arterial crónica, apnea de sueño, glaucoma y depresión, entre otras enfermedades. Incluso, participó en la audiencia del 11 de junio de 2018 en la Corte Suprema de Justicia, cuando el expresidente llegó extraditado por el caso de los pinchazos. Esa tarde, el cardiólogo aseguró que Martinelli tenía “unos antecedentes importantes desde el punto de vista cardiológico”.
“Soy inocente de los cargos que me están imputando y exijo respeto a los tratados y convenciones, a la igualdad de las partes, al principio de legalidad”, se defendió el expresidente y, de paso, adelantó que usará todos los recursos que le permite la ley “contra esta nefasta acción”.
Volvió a citar el principio de especialidad y dijo que “es imposible que la opinión de un americano, por los canales no autorizados, pisotee el derecho, la Constitución y los tratados”.
Se refería a Thomas Hainemann, consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien en diciembre de 2019 envió una carta al Ministerio Público informando que Martinelli ya no era objeto del principio de especialidad en materia de extradición, a raíz de que se le habían permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.
Martinelli reprochó el hecho de que Panamá había defendido el principio de especialidad con el caso de tres extranjeros y que cómo no lo van a defender a él, un panameño, “por una clara persecución política y pase de factura” de parte de la exprocuradora Kenia Porcell.
De pasó, le contó al fiscal que le había secuestrado las cuentas y hasta la casa a la exprocuradora.
El abogado Roniel Ortiz pidió al fiscal tener en cuenta la salud de su cliente, ya que está en estado de “vulnerabilidad”, pues tiene 68 años, y que, incluso, había acudido a la cita, pese a la pandemia del nuevo coronavirus.
El fiscal Márquez impuso al exmandatario la medida cautelar de impedimento de salida del país, y la de notificarse los días 15 de cada mes.
A su salida, Martinelli volvió a culpar a Porcell de tener tentáculos en el Ministerio Público. Y del expresidente Juan Carlos Varela dijo que “que todavía manda en este Ministerio Público”.
Los periodistas le pidieron que explicara, entonces, cómo era posible que Varela –si todavía tenía mando...–, estuviese en ese momento en una indagatoria por el caso Odebrecht en el mismo edificio. Martinelli eludió esas preguntas y dijo que el caso tenía el propósito de “cerrar” el Grupo Epasa, que edita el diario El Panamá América, “el único medio independiente que dice la verdad”.
Martinelli también está citado hoy para declarar en el caso Odebrecht, pero su abogado dijo que no irá, porque está incapacitado.
“¿Cómo va a venir, si está incapacitado?”, advirtió.
Contra la fiscal Sterling
Los abogados de Martinelli recusaron y querellaron a la fiscal Tania Sterling, una de las que lleva el caso Odebrecht, por “actuaciones ilegales contra el expresidente”. Alegan que la recusación deberá ser resuelta antes de asistir a la citación por este caso.
