El proyecto de Ley 456, aprobado el 25 de agosto de 2021 por la Asamblea Nacional, es una de las iniciativas más ambiciosas que en materia educativa se ha propuesto en el país en las últimas décadas.
La transformación digital del sistema educativo panameño enfrenta cuatro desafíos. El primero y más evidente es el de la carencia de acceso al servicio de electricidad y de la cobertura de internet para que los centros educativos puedan incorporar efectivamente a docentes y estudiantes a la sociedad de la información.
El segundo desafío es la falta de equipos, como computadoras, impresoras, proyectores y otros que son esenciales para que el proceso de aprendizaje en un entorno digital pueda ser efectivo.
El tercer desafío es la escasez de materiales de apoyo para la didáctica, el estudio y la organización académica, para aprovechar lo mejor posible las oportunidades del mundo digital, y el cuarto y último desafío es el de mantener cualquier esfuerzo de transformación digital y hacerlo crecer en el tiempo.
Si no se superan estas grandes barreras, la digitalización será otra iniciativa más sin posibilidad de cumplirse.
El modelo de la transformación digital
Los redactores del proyecto 456 conocen la realidad educativa del país, así como las capacidades del propio Ministerio de Educación. Así que el mecanismo por medio del cual se va a gestionar esta gran transformación es por un Centro de Desarrollo Tecnológico Educativo, una asociación de interés público similar a la que hoy en día es el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat).
La fortaleza de esta idea es que este centro se pueda desarrollar técnicamente, a prueba de cambios políticos y de la tradicional ruptura de la continuidad de acciones de gobierno cuando terminan las administraciones presidenciales.
Las metas del centro son ambiciosas. La principal tarea es la de llevar a todo el servicio educativo del sector público al siglo XXI. La digitalización es clave para la evolución curricular y la actualización del modelo de enseñanza, y de la propia metodología que usan los educadores.
Para el éxito de la transformación digital se necesita un modelo novedoso de financiamiento, y así lo contempla el artículo 11 del proyecto de ley que dice: “La financiación del Centro de Desarrollo Tecnológico Educativo será mixta. El Órgano Ejecutivo dotará al Centro de Desarrollo Tecnológico Educativo de los recursos para su puesta en marcha. Se promoverá la participación del Sector empresarial en la financiación de los diferentes componentes del Plan”.
No hay gobierno en el mundo que por sí solo conozca todos los desarrollos e innovaciones tecnológicas, así que esta apertura al financiamiento privado permite atraer muchísima innovación a la educación panameña, porque seguramente las personas o empresas que donen recursos también aportarán capacitaciones en materiales de estudio.
El derecho humano de acceso al internet
A principios de este siglo, Finlandia y luego otros países escandinavos caracterizaron el acceso al internet como un derecho humano fundamental para la libertad de expresión, la educación y el acceso a servicios públicos, así como al ejercicio de otros derechos humanos. Históricamente, el Estado panameño ha evitado su obligación en este sentido, y la pandemia lo hizo más obvio.
El artículo 13 del proyecto de ley ofrece la primera respuesta responsable en este sentido: “El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, tomará las medidas necesarias para garantizar, a corto y mediano plazo, el acceso y la conectividad de internet a los centros educativos oficiales a nivel nacional, incluyendo los ubicados en áreas de difícil acceso, comarcales y a aquellos que no cuenten con cobertura de red móvil óptima, para el funcionamiento e implementación del Plan de Transformación Educativa Digital”.
Cuando este proyecto de ley inició su carrera dentro de la Asamblea Nacional, la propuesta era que las empresas del sector de telecomunicaciones dieran el servicio gratuito de internet a todos los centros educativos oficiales. Esto no solo habría significado una mayor tarifa a los usuarios del sistema, si no que muy posiblemente el servicio de internet, en todo el país, se habría debilitado por la baja calidad derivada de semejante imposición.
La digitalización del ecosistema educativo tiene un efecto inmediato, que es el de democratizar las oportunidades de aprendizaje. Esto lo recoge el proyecto de ley en su artículo 15 así: “Para garantizar la continuidad educativa, el Ministerio de Educación establecerá un modelo de gestión que aborde servicios educativos con pertinencia y equidad, implementando programas con distintas modalidades flexibles para todos los grados del sistema educativo, tanto para la educación formal como no formal, con diversas formas de entrega, calendarios, duración y horarios que se adapten a las condiciones de los estudiantes y de cada región, dotándolos con materiales educativos, docentes y herramientas tecnológicas”.
La pandemia de Covid-19 le ha recordado a toda la humanidad lo interconectado que estamos. Una variante del coronavirus nacida en Asia recorrió todo el mundo, mutando y evolucionando. La educación en la era digital es la única forma de enfrentar semejante reto y otros, como el del cambio climático global, e incluso los desconocidos que no podemos imaginar. Si hay una crítica contra el proyecto 456, es que ha tardado demasiado para que la educación panameña tenga la oportunidad de volver a ser la gran plataforma de desarrollo del país.
