Las medidas de protección otorgadas a la diputada Zulay Rodríguez por una fiscalía, a raíz de una querella por presunta violencia de género interpuesta contra el comunicador Mauricio Valenzuela, fueron catalogadas por la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Sabrina Bacal, como un intento de abusar del sistema legal para tratar de afectar los derechos de información y de expresión.
Sobre el tema, el abogado Ernesto Cedeño dijo que las figuras públicas y políticas tienen relegada a un ámbito menor su privacidad. Citó un fallo de la Corte Suprema, del 11 de abril de 2014, en el que se establece “que las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se ha convertido consciente y voluntariamente en en sujetos pasivos de observación del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su honor en relación a sus actividades públicas”.
Fiscalía concede medida de alejamiento a Zulay Rodríguez
La Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria, a cargo de David Villarreal, aplicó una medida de alejamiento al comunicador Mauricio Valenzuela dentro de la querella por violencia de género presentada en su contra por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el fiscal dispuso la aplicación de la medida luego de que en la mañana de ayer Rodríguez presentara la querella contra Valenzuela y el ciudadano mexicano José Luis Penagos Hernández.
Las medidas de protección incluyen la prohibición a Valenzuela de acercarse al domicilio de la diputada, así como a su familia.
Según la querella de Rodríguez, la acción se produce luego de que Valenzuela publicara –en la página de Facebook denominada Claramente– una entrevista con Penagos Hernández en la que este denuncia que la diputada se apropió de 66 kilogramos de oro que le pertenecían, y que le fueron decomisados por las autoridades de Aduanas en el año 2013, y para cuya recuperación contrató los servicios jurídicos de la hoy diputada perredista.
En la querella, Rodríguez pidió a la fiscalía que se le concediera la medida de protección contenida en el acápite 16 del artículo 333 del Código Penal, consistente en “prohibir al presunto agresor acercarse al domicilio común o aquel donde se encuentre la víctima, así como el lugar de trabajo, estudio, u otro habitualmente frecuentado por la víctima”.
En la querella también se señala que Valenzuela, a través del Facebook de Claramente, ha hecho constantes publicaciones relacionadas con la diputada, entre ellas una en la que hace alusión al otorgamiento de una fianza de excarcelación a favor de un reo vinculado con la investigación conocida como El Gallero. Esto se produjo cuando la diputada Rodríguez se desempeñó como Juez Sexto Penal suplente.
Se dice, además, que en la “cuenta Foco, también a cargo de Valenzuela”, se han hecho publicaciones en las que se afirma que ella solicitó a las autoridades de Migración prohibir la entrada al país de los dueños del oro.
En la querella también se dice que Valenzuela hizo comentarios “discriminatorios” contra el hijo de Rodríguez, que es autista.
En el documento, se solicita un resarcimiento económico por la suma de $500 mil, aduciendo que se le ha ocasionado un daño a la imagen, honra y honor tanto de Rodríguez como de su familia. Además, se pide custodia policial, alegando que luego de una publicación del pasado 2 de enero, “en el portal Foco, en la que Valenzuela afirma que Rodríguez se apropió de lingotes de oro valorados en $3 millones”, se puso en peligro su vida y la de su familia, “por publicar un patrimonio que le fue adjudicado legalmente a través de los tribunales de justicia”.
Reacciones
Según Sabrina Bacal, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, todo indica que las medidas de protección que ha conseguido la diputada Rodríguez son un intento de abusar del sistema legal para tratar de afectar los derechos de información y de expresión, lo que calificó como preocupante.
El abogado Ernesto Cedeño aseguró que las figuras de relevancia política, como es el caso de los diputados, tienen minimizado su derecho a la privacidad por su deber de rendir cuentas ante la comunidad. En este aspecto, detalló, hay fallos de la Corte en los que se recoge el hecho de que las figuras públicas y políticas son objetos pasivos de observación.
Cedeño expresó que en el caso de la publicación hecha por Valenzuela y otros medios de comunicación sobre el litigio por el oro, no hay un delito de género, ya que allí no se ataca a la diputada por ser mujer, y aseguró que se puede estar usando esta figura jurídica para lograr algún tipo de intimidación.
Mientras, un comunicado suscrito por los medios digitales Claramente, Foco, La Puerta del Horno, El Ñeque Noticias, El Gallinazo, Praxis y Sal de las Redes –hecho público en la tarde de ayer– asegura que las medidas de protección otorgadas a la diputada Rodríguez atentan contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.
El comunicado señala que los servidores públicos deben estar siempre abiertos al escrutinio público, como lo resaltan diferentes convenciones internacionales, tratados y la Constitución. Asimismo, advierte, que esta querella tiene como objetivo amedrentar e intimidar a los periodistas.
