El Ministerio de Ambiente (Miambiente) hizo una consulta a la Procuraduría de la Administración con el fin de saber si es competente para conocer los procesos de presuntas infracciones ambientales que, eventualmente, se abran al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).
En 2021, Conades, anteriormente adscrito al Ministerio de la Presidencia, fue trasladado al Ministerio de Ambiente, medida que fue avalada a través del Decreto Ejecutivo 588 de 23 de septiembre de 2020.
El artículo 5 del citado decreto indica que “para todos los efectos legales, los proyectos y sus garantías, los contratos y sus adendas, y demás documentos suscritos por Conades, por conducto del Ministerio de la Presidencia, se subrogan en el Ministerio de Ambiente para ser administrados y ejecutados por este”.
En su respuesta, el procurador de la Administración, Rigoberto González, indicó que luego de un análisis, se concluye que en el traspaso ordenado en 2021, el Ministerio de Ambiente no adquiere la representación o titularidad de Conades, sino únicamente las facultades administrativas y presupuestarias para que esa dependencia pueda seguir operando, con lo cual el Ministerio de Ambiente puede seguir conociendo los procesos por posibles infracciones ambientales que cometa el Conades.
Según González, las motivaciones que dieron origen al Decreto Ejecutivo 588 se fundamentaron en reordenar presupuestaria y administrativamente algunas unidades administrativas o secretarías que se encontraban en el Ministerio de la Presidencia hace años.
No obstante, resalta que la figura del presidente de la República mantiene la titularidad de Conades.
“Mediante el Decreto 588 no se traslada, precisamente, la titularidad o la representación de Conades al Ministerio de Ambiente”, puntualizó González.
Como el Ministerio de Ambiente es la entidad rectora en el tema de protección de los recursos naturales, una de las principales razones por las que se hizo esta consulta es que Conades mantiene una cartera millonaria de proyectos, que van desde la construcción de acueductos rurales hasta la rehabilitación de multifamiliares en todo el país.
Muchas de esas actividades deben ser fiscalizadas y requieren el aval del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, a través de los estudios de impacto ambiental.
