El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) comenzó un proceso de consultas públicas para desarrollar y establecer una política nacional minera en el país.
Para este proceso, la entidad convocó a representantes de la sociedad civil y de los sectores público, privado y académico.
La dinámica de la consulta implica que por seis meses se llevarán a cabo seis reuniones con estos actores y el resultado de ese diálogo sería insumo para la elaboración de dicha política. El primer encuentro entre las partes está programado para hoy.
A la consulta fue invitado el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), que plantea que la minería es una de las actividades más agresivas contra el medio ambiente.
Según la oenegé, el proceso convocado por el MICI es un ejercicio superficial que no sopesa los conflictos alrededor de la minería en Panamá, los graves vacíos legales que los permiten y el incumplimiento de los proyectos mineros.
“Este proyecto no reconoce los grandes conflictos que siempre han acompañado a la minería en Panamá (escándalos de corrupción e ilegalidad, afectaciones socioambientales y escaso retorno económico para el Estado). Tampoco hay claridad cómo este proceso será realmente participativo e involucrará y responderá a las preocupaciones de comunidades rurales apartadas como Donoso en Colón y comarcas, que serían las más impactadas por la minería”, sostiene el CIAM.
En tanto, el MICI en su convocatoria defiende el proceso con el argumento de que esta industria tiene un “enorme potencial” para traer beneficios al país, como ocurre en otros países.
Para tal fin, reconoce que se requiere una institucionalidad fuerte que permita resguardar los derechos de los sectores involucrados.
