Una millonaria carga presupuestaria adicional para el Estado, y la intervención de por lo menos cinco instituciones, son algunas de las consecuencias de dividir el país territorialmente.
Los 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, que crea la recién sancionada Ley 172 de 2020, implican un gasto de, al menos, $4 millones, mientras que en la Presidencia de la República reposa otro proyecto de ley que crea 6 nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé, lo que significaría otro desembolso de por lo menos $2.2 millones.
Esto, si se considera que una junta comunal le cuesta al Gobierno $371 mil por año, según datos oficiales.
Además, los ministerios de Gobierno y Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia deberán gestionar su operatividad, lo que incluye organización, funcionamiento y administración.
Pero al gobierno de Laurentino Cortizo no le corresponderá hacerse cargo de este gasto. La ley 172 dice que las autoridades de los nuevos corregimientos serán electas en el próximo periodo presidencial. Es decir, en mayo de 2024.
Mientras, en la Asamblea Nacional esperan por debate cuatro proyectos de ley que crean otros 25 corregimientos en distintas regiones del país.
Nuevos corregimientos: burocracia y recursos
Crear nuevos corregimientos en el país implica el desembolso de millonarios recursos y la maquinaria de al menos cinco instituciones del Estado, un tema que volvió al debate luego de que el presidente Laurentino Nito Cortizo sancionó la Ley 172 de 2020, que impulsó su copartidario Benicio Robinson, presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Los de Bocas
Solo con los 11 corregimientos que crea la denominada “Ley Benicio”, el Gobierno tendrá que desembolsar por lo menos $4 millones por año. Esto, tomando en cuenta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dicho que el gasto de una junta comunal es de unos $371 anuales, incluyendo los $110 mil que les entrega la Secretaría Nacional de Descentralización a través del Programa de Inversiones de Obras Comunitarias, según explicó recientemente el jefe de esa entidad, Francisco Vigil.
Los de la comarca
Pero el gasto podría ir más allá. En las oficinas del presidente Cortizo reposa otro proyecto de ley que le da vida a seis nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Buglé.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado de Cambio Democrático Leopoldo Archibold y recibió la aprobación en tercer debate días después de que el Legislativo le diera luz verde a la propuesta de Robinson. Estos seis nuevos corregimientos implicarían un gasto de $2.2 millones al año.
Entonces, los corregimientos de Bocas y los de la comarca generarían egresos de $6.2 millones anuales, por lo menos.
Aunque la nueva Ley 172 dice en su artículo 27 que la elección de las nuevas autoridades se realizará dentro del próximo periodo electoral [2024], esto no supone una gran diferencia, ya que, independiente de la administración que esté, el Estado deberá hacer el millonario desembolso.
Todo ello, en medio de la crisis económica producto de la caída de los ingresos a causa de la pandemia [en noviembre el déficit era de $2,110.2 millones], escenario en el que los expertos estiman que impulsar la economía a los niveles que tenía antes de la crisis sanitaria tomará años.
La historia sigue. En la Asamblea Nacional, órgano que domina el oficialista PRD, esperan por debate cuatro proyectos de ley que establecen 25 nuevos corregimientos en distintos puntos del país. Si consiguen el visto bueno de los diputados y luego el del Ejecutivo, el gasto de esas 25 juntas comunales sería de otros $9.2 millones.
La maquinaria
El artículo 26 de la nueva ley dice que el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República deberán brindar asesoramiento a los municipios de Bocas del Toro, Changuinola y Almirante respecto a la organización, funcionamiento y administración de los nuevos corregimientos.
Ellos son: Bocas del Drago y San Cristóbal, en el distrito de Bocas; Finca 66, Finca 4, Finca 51, Finca 12, La Mesa y Barranco Adentro, en el distrito de Changuinola; y Miraflores, Bajo Culebra y Ceiba en Almirante.
La norma también segrega Cauchero de Bocas del Toro y lo incorpora a Almirante. Sin embargo, Danilo Ábrego, líder comunal de Cauchero que se ha opuesto a “Ley Benicio”, dice que no se puede hablar de “segregación”, pues el término correcto es “expulsión”, ya que a su juicio, este es un pase de factura de Robinson, porque no gana en el corregimiento desde 1999. Cauchero era el bastión opositor del distrito cabecera de la provincia.
Pero los nuevos corregimientos también requerirán de la gestión del Tribunal Electoral, entidad que, de acuerdo con la ley, deberá organizar las elecciones de las autoridades y reorganizar el padrón electoral de la provincia.
Mientras que el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia tendrá que hacer los ajustes técnicos (direcciones, rumbos y coordenadas) para la implementación de la norma.
Por último, el documento dice que los representantes de corregimiento de Bocas del Toro, Changuinola y Almirante, así como la autoridad de policía de esas poblaciones, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se realice la elección y designación de los nuevos funcionarios.
Mientras, moradores de Cauchero se reúnen hoy martes para decidir que acciones tomarán.