Conocedores de seguridad nacional coincidieron en que la compra de 15 millones de dólares en pertrechos antidisturbios para el Servicio de Protección Institucional (SPI), que hizo el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez un año antes de las elecciones, “ni se justifica ni tiene precedentes”.
Humberto Macea, exdirector de Logística de las fenecidas Fuerzas de Defensa, cree que si Panamá tuviese que usar ese equipo “nos encontraríamos al borde de una guerra civil”, ya que esa cantidad de bombas lacrimógenas [65 mil] no se usarían aunque haya una manifestación diaria durante cinco años.
En ello concuerda Ebrahim Asvat, exdirector de la Policía, al señalar que “ni siquiera en la época de la crisis de 1987 se compraron tantos equipos antidisturbios”.
Lo único que justifica la adquisición es que el Gobierno se preparara para una sublevación o que alguien cobraría una comisión, dijo.
Jaime Abad, exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial, opinó que el gobierno de Ricardo Martinelli “no se estaba preparando para elecciones pacíficas y tranquilas, sino para un plan violento en contra de sus adversarios políticos”.
El ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, reveló que los contratos se están revisando.
(Con información de Gustavo Aparicio y Eduardo Mendoza).