Tras más de un mes de protestas, demandas y cuestionamientos públicos, el Ministerio de Ambiente informó ayer que será derogado el Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, que estableció el procedimiento especial para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas.
La información fue suministrada por el propio ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien precisó que la decisión será publicada la próxima semana.
Concepción detalló que durante una reunión en el sector Miguel de la Borda, en Donoso, provincia de Colón, en la que participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se escuchó a la comunidad y una buena parte de esta no estaba de acuerdo con los certificados de uso de suelo.
Después de que se publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 141, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras comenzó la entrega de las solicitudes para la acreditación del uso de suelo precisamente en los distritos de Donoso y Omar Torrrijos, ambos en Colón.
Concepción explicó que los dirigentes comunitarios de Miguel de la Borda les hicieron saber que no estaban satisfechos, ya que no quieren certificados de uso de suelo sino títulos de propiedad. “El presidente escuchó a los moradores y tomó la mejor decisión sobre el tema. El decreto 141 será derogado”, acotó.
En ese contexto, puntualizó que una vez se elimine la norma, se creará una mesa técnica, la cual se encargará de buscar una solución para estos dos distritos, ya que el problema allí es que en 2009 todo ese territorio fue declarado área protegida.
“Ese es un problema histórico, ya que toda la comunidad de ambos distritos quedó dentro del área protegida y no puede tener títulos de propiedad. Una posible salida sería sacar a la comunidad del área protegida, pero eso lo verá la mesa técnica de Gobierno”, aportó.
Además, el ministro recordó que el decreto fue demandado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por varias oenegés.
Acertada decisión
Para Susana Serracín, parte de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, derogar el Decreto Ejecutivo 141 de 2021 es una “decisión acertada”, toda vez que dicha norma representa una flagrante violación al principio de no regresión en materia ambiental, ampliamente reconocido internacionalmente.
“Nuestras voces de protesta han sido escuchadas. No podemos permitir que se dicten leyes que favorezcan la degradación de nuestras áreas protegidas, que faciliten la especulación y el negociado de nuestras joyas naturales, para fines ajenos para las cuales fueron creadas, como la aprobación de usos de suelo para la minería”, dijo la ambientalista.
Señaló que seguirán atentos e impulsando de manera responsable y firme el fortalecimiento de las reservas ecológicas.
En cuanto a la mesa que se conformará para tratar lo que ocurre en Donoso y Omar Torrijos, dejó un mensaje a las autoridades del Ministerio de Ambiente: “cualquier mesa de diálogo, comisión técnica o como quieran denominarla para abordar el tema, debe incluir el sector ambiental, científico, académico y a las comunidades, porque ese tipo de decisiones no pueden ser tomadas de manera unilateral o centralizada por los gobiernos de turno, porque pueden ser politizadas, lo cual es muy peligroso y fomentaría la inseguridad jurídica sobre el presente y futuro de nuestro patrimonio”.
Mientras, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), dijo que, como organización que lucha por la defensa del medioambiente, esperan que Cortizo proceda con la derogatoria del Decreto Ejecutivo 141, como señaló en su visita a Donoso el día 7 de diciembre.
“Este decreto, responsabilidad de su administración, fue emitido en violación de la Constitución y sin participación ciudadana, y abre la puerta para el acaparamiento de tierras en todas las áreas protegidas del país, haciéndolas vulnerables a la deforestación y pérdida de biodiversidad, destruyendo el objetivo de su protección y conservación en todo el país”, manifestó.
A juicio de Ramos, en el caso de las poblaciones de Donoso y Omar Torrijos, las soluciones a implementar requieren de un riguroso análisis jurídico, procesos reales y continuos de participación ciudadana y la implementación de estrategias sostenibles que no vulneren al Área Protegida de Uso Múltiple de Donoso y sus valores de conservación en cada una de sus 195 mil hectáreas.
El biólogo concluyó que si el gobierno nacional procura el bienestar de estas poblaciones y las de otros distritos, como el de La Pintada, en Coclé, debe también atender el llamado de las comunidades a la derogatoria de la Resolución 89 del 12 de mayo de 2021, del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), y sus posteriores modificaciones, que viabilizan nuevas concesiones de minería metálica allí.
Controvertido decreto
Inicialmente, el Ministerio de Ambiente defendió el Decreto Ejecutivo 141, planteando que las áreas protegidas abarcan el 33% de la superficie terrestre del país y muchas de ellas fueron creadas en zonas de importancia para la conservación, pero tenían poblaciones cercanas.
Estas poblaciones, dedicadas en su mayoría a la agricultura y ganadería familiar, no habían tenido seguridad jurídica sobre sus tierras, debido a que las leyes y normas que rigen las áreas protegidas no permiten la titulación de esas tierras.
Por ello, consideraba que la certificación de uso de suelo daría un documento que legalmente permitiría llevar a cabo actividades dentro de las reservas ecológicas, a aquellos residentes que ocuparon la reserva antes de su declaratoria.
Sin embargo, más de 70 oenegés alertaron que, sin registros catastrales oficiales de la ocupación dentro de las áreas protegidas, el decreto abría la puerta de facto para el reconocimiento actual y futuro de nuevas ocupaciones, muchas de las cuales han sido toleradas hasta la fecha por las graves limitaciones en la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Ambiente.
