Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que la cinta costera 3, proyecto construido por Odebrecht durante el gobierno pasado, sí será auditada.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios y particulares entre 2010 y 2014, le pidió al contralor Federico Humbert que audite la obra que le costó a los panameños $782 millones.
Cuando este medio dio a conocer que el Ministerio Público había solicitado auditar 11 proyectos ejecutados durante tres periodos presidenciales, pero que no se había incluido a la controvertida obra, los cuestionamientos no se hicieron esperar. Se trata de una edificación que desde su comienzo fue objetada por su diseño, costo, e incluso por posibles violaciones a las normas de patrimonio histórico, entre otros.
Una de las que llamó la atención de que en un principio no se auditara la cinta costera 3 es Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, quien le había pedido al Ministerio Público que reconsiderara su posición.
Argumentó, por ejemplo, que la cinta costera 3 tuvo un costo “muy oneroso”, por lo que es importante auditarla “y así descartar la posibilidad de sobrecostos o cualquier otra situación irregular”.
Otro de los que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la Contraloría que audite esta construcción es Ramón Ricardo Arias, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional, TI).
Arias ha manifestado que la auditoría a esta obra “es necesaria” para llevar adelante cualquier acción penal. Pidió al contralor Federico Humbert que haga una auditoría “propiamente dicha, [ya que] hacer una valuación como ha dicho sería una falta de respeto”.
Mientras que el catedrático Juan Jované había dicho que si no se audita la cinta costera 3, queda la impresión en la población de que hay cosas que sí se investigan y otras que no. “La ciudadanía debe seguir insistiendo en la auditoría”, expresó.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Los primeros 11 proyectos de Odebrecht que pidió auditar la Fiscalía Especial Anticorrupción guardan relación con el denominado Odebrecht-Suiza. Esta pesquisa le sigue la pista a supuestos pagos que recibieron los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, por parte de la constructora en cuentas bancarias en Suiza. Por este caso, el país europeo les congeló cuentas por $22 millones.
Las obras que solicitaron examinar las fiscales Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore son el sistema de riego Remigio Rojas, la cinta costera 1 y 2, la autopista Panamá Colón, el corredor Colón, el saneamiento de la bahía de Panamá, la renovación urbana de Curundú, la línea 1 del Metro, el patrimonio histórico del Casco Antiguo, la línea 2 del Metro y la renovación urbana de Colón, proyectos que abarcan tres periodos de gobierno: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y el actual de Juan Carlos Varela.
Mientras que la auditoría que se solicitó a la cinta costera 3 también guarda relación con otro caso ligado al pago de sobornos según dijo una fuente del Ministerio Público, pero no se explicó cuál.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, surgida a raíz de que Odebrecht admitiera haber sobornado a funcionarios y particulares en Panamá, hasta el momento, investiga seis causas relacionadas con la constructora brasileña. La más antigua data de 2006.
COLABORACIÓN DEL MOP
En tanto, Ramón Arosemena, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), reveló que el Ministerio Público le ha solicitado información sobre distintos proyectos de infraestructura. Cuando se le preguntó sobre si el MOP haría una auditoría a la cinta costera 3 contestó: “nosotros [una comisión] lo que vamos a hacer es verificar el proyecto, todo lo que se hizo, los planos y las cantidades”. Arosemena y los presidentes de los principales gremios del país acordaron conformar una comisión para brindar asesoramiento técnico para examinar las principales obras de infraestructura. En ese grupo está, por ejemplo, María Lombardo Sánchez, presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, una de las que ha abogado porque se audite el proyecto. Lombardo dijo ayer que los gremios le han dicho al ministro Arosemena, que más que una evaluación “nosotros haremos una auditoría”.
Por ello, aseguró, aspiran a que se contrate a una empresa internacional que se dedique a hacer auditorías y que esté registrada en el país.
Continúa revisión de equipos
Peritos de informática del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se mantienen inspeccionando las computadoras y equipos celulares que fueron incautados el pasado 23 de febrero, durante el allanamiento a Importadora Ricamar, oficinas administrativas de los Súper 99, y del despacho de Promotora y Desarrollo Los Andes. Así lo revelaron ayer fuentes del Imelcf. Esto como parte de la investigación por blanqueo de capitales relacionado al pago de sobornos por la constructora Odebrecht que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción a Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli y a su abogada Evelyn Vargas, entre otros. La investigación surgió luego de que fiscales federales de Suiza acusaran formalmente a los dos hijos del expresidente de soborno, falsedad y blanqueo de capitales, motivo por el que les han incautado $22 millones en cuentas bancarias. A inicios de febrero, la fiscalía solicitó alerta roja para los hermanos Martinelli Linares y para Vargas, quien ya regresó al país y está detenida en la Dirección de Investigación Judicial.