El Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidió resolver administrativamente el contrato No. AL-1-73-17, que mantenía con la empresa italiana Astaldi, para la ampliación de la vía Omar Torrijos.
En una resolución fechada el 15 de enero pasado, el MOP señaló que inició una “mesa de trabajo”, con el fin de llegar a una negociación que diera continuidad al contrato. Dentro de las propuestas a seguir, se planteó la “extensión de contrato” a favor de Astaldi o bien la “cesión del contrato” a favor de un tercero.
No obstante, la resolución indica que a la fecha no se ha podido llegar a ningún acuerdo.
Ante esto, el MOP decidió rescindir el contrato e inhabilitar por un término de tres años a la empresa para celebrar contratos con el Estado.
El MOP suspendió los trabajos en febrero de 2019 por incumplimientos ambientales y a partir de ese momento dio inicio a negociaciones con el consorcio para buscar una solución que, empero, no se concretó.
A su vez, en la resolución, que fue publicada en el portal de Panamá Compra y que lleva la firma del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, se le comunicó a la empresa que tiene cinco días hábiles para recurrir ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, en caso de que decida presentar recurso de impugnación.
Finalmente, el MOP ordena notificar a la empresa Internacional de Seguros que tiene 30 días calendario para optar por pagar el importe de la fianza de cumplimiento o sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones.
Detalles de la obra
Este proyecto tiene un costo de $89.1 millones y se extiende a lo largo de siete kilómetros, desde la sede del Servicio de Protección Institucional (SPI), situada en el sector de Cárdenas, hasta el puente Centenario.
A medida que avanzaba el proyecto, fue cuestionado por organizaciones como la Fundación Ciudad del Saber, la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal y el Centro de Incidencia Ambiental, por daños ecológicos en el área.
Incluso, el Municipio de Panamá demandó la obra ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y logró que en 2019 el proyecto vial fuera suspendido.
Al respecto, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que van más de dos años en que las comunidades y organizaciones ambientales han protestado por la ampliación de esta vía.
“Es importante conocer cuál será el manejo ambiental que se le dará a la zona. Se hace evidente con esta resolución que el Ministerio de Obras Públicas es consciente del mal manejo en el desarrollo de la ampliación de la obra y las afectaciones generadas durante la implementación del proyecto”, manifestó Ramos.
Tampoco se cumplieron con las actividades correspondientes para corregir, mitigar y compensar los impactos que se generaban sobre los bosques, como fue pautado en el estudio ambiental.
Este medio buscó la versión de la empresa Astaldi, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
