Tres proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y pendientes de sanción o veto por parte del presidente de la República establecen amplias moratorias de obligaciones financieras, cánones de arrendamiento, pagos de energía, telefonía, internet, e insta a una rebaja o diferimiento en los gastos escolares.
Aunque puedan haber surgido desde el interés de aliviar la carga económica a las personas en un momento de crisis como el actual, su efecto podría ser contraproducente.
El economista Felipe Chapman advierte de que hacer de obligatorio cumplimiento la suspensión de pagos a través de leyes agravaría el problema en el que se encuentra el país.
“Si yo no le pago al plomero, él no puede pagar a la abarrotería a la que le compró a crédito. Se trata de una cadena que se afectaría hasta provocar más desempleo y el cierre de empresas”, dijo Chapman, entendiendo que las moratorias se deben establecer de acuerdo a la realidad de cada sector, tal como está sucediendo.
Ayer, la Asamblea aprobó en segundo debate otro proyecto de ley que regula el sector bancario, por ejemplo, poniendo un techo a las tasas de interés de los préstamos, lo que fue rechazado por el gremio bancario y el regulador.