La suspensión por ley hasta diciembre de las obligaciones bancarias para los clientes afectados por la crisis impondría rigidez a la relación entre el cliente y el banco en la modificación de los préstamos y limitaría la capacidad de las entidades para prestar recursos en la recuperación de la economía, dijeron representantes de la industria.
Ayer se retomó en el pleno de la Asamblea el debate del proyecto de ley 287, vetado parcialmente por el presidente Laurentino Cortizo, y varios diputados propusieron aprobar una moratoria hasta diciembre para todos los clientes afectados. Mientras, los bancos han planteado conceder, a partir de julio, nuevos plazos de hasta seis meses, lo que implica que, en algunos casos, dependiendo de la situación del cliente, podrían ser menores.
Amauri Castillo, superintendente de Bancos, puso el ejemplo de que el banco podría buscar que el cliente le pague una parte de la mensualidad, cubriendo los intereses y no el capital.
Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, apuntó que los recursos que recibe la banca de sus deudores son necesarios para generar nuevos préstamos, capacidad que se vería limitada ante una caída de ingresos.