El Ministerio Público anunció ayer, sábado, la apertura de una investigación por la compra directa de 100 ventiladores AHP-300 a un costo de $48 mil 950, cada uno. En tanto, al final de la jornada, cargada de críticas por la onerosa compra, el viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, informó que el proveedor, Muriba Company Inc., retiró la oferta por la “demanda mundial”.
La Fiscalía Anticorrupción anunció que la investigación de oficio sería por la presunta comisión del delito contra la administración pública.
Durante la conferencia diaria de las autoridades de Salud, que se retrasó más de media hora “por problemas técnicos”, la ministra de Salud, Rosario Turner, le ofreció en primer lugar la palabra a Muñoz.
El funcionario leyó una serie de titulares de la prensa mundial que reportan la cruenta guerra comercial por los insumos, pero no mostró otras cotizaciones para esta compra. Sí mencionó que una empresa local había ofrecido comprar ventiladores a $18 mil cada uno, pero luego retiró la oferta, ya que la fábrica no le garantizó el producto para estos días.
Invitó a los ciudadanos que tengan la capacidad de comprar los equipos de ventilación a ponerse a disposición del país.
Tras sus palabras, Turner anunció, sin precisar detalles, que dos empresas le ofrecieron vender estos equipos a la Presidencia.
También la Contraloría General de la República había anunciado una auditoría a esta compra.
Bajo la lupa, compra de ventiladores por Presidencia
La población amaneció indignada ayer por la intención del Ministerio de la Presidencia de adquirir 100 ventiladores AHP-300 por $5.2 millones, a una sociedad denominada Muriba Company, Inc.
La razón: el costo de estos equipos.
De hecho, en un comunicado divulgado la noche del pasado viernes, la Presidencia reconoció que en “tiempos de paz”, el precio de un respirador portátil es de $6 mil a $10 mil, pero con la pandemia del Covid-19, ahora cuestan entre $25 mil a $30 mil.
La explicación que vino del Palacio de Las Garzas no debió ser muy satisfactoria, porque la mañana de este sábado de cuarentena hubo críticas por dicha compra hasta de parte del equipo asesor de médicos del Ministerio de Salud (Minsa). Tres de sus miembros más notables se dejaron escuchar.
En su cuenta de Twitter, el pediatra infectólogo Xavier Sáez-Llorens se refirió a la compra de los ventiladores “a precios excesivos”, y pidió una investigación “con rigurosidad”, a fin de no empañar el manejo transparente y técnico que ha dado el Minsa al tema del coronavirus.
El médico intensivista Julio Sandoval solicitó a la Presidencia una explicación “detallada del proceso de compra”, tomando en cuenta que han trabajado de manera incondicional y ad honorem durante esta pandemia.
El infectólogo Javier Nieto excluyó al Minsa de la transacción y señaló que es a la Presidencia a quien corresponde deslindar responsabilidades.
Sobre esta adquisición, la única información que se conocía era una carta compromiso de pago, fechada el 14 de abril, que lleva la firma del viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, en la que consta la compra a la sociedad Muriba Company, Inc. de 100 ventiladores para uso no invasivo e invasivo AHP-300, al fabricante Allied, por $48 mil 950 cada unidad. En total, dice la carta, la compra asciende a $5.2 millones.
La carta menciona que los aparatos debían ser entregados en 10 días hábiles.
La tarde de ayer, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio por la presunta comisión del delito contra la administración pública, y el contralor Gerardo Solís anunció que todavía no ha recibido la documentación, pero solo refrendará aquellas compras realizadas a un precio “justo y razonable”.
Solís advirtió que ni siquiera una situación de emergencia, como lo es la pandemia por Covid-19, “nos exime de la responsabilidad de salvaguardar con transparencia el buen uso de los bienes y recursos del Estado”.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) comunicó que pedirá un informe explicativo al Ministerio de la Presidencia.
En todas estas instancias tendría que responder el viceministro Muñoz, firmante de la carta compromiso de pago. Anoche, Muñoz ya dio explicaciones y, de paso, comunicó que la proveedora ayer mismo les informó que no podrá despachar los equipos “por la demanda mundial”.
Muñoz, que participó en la conferencia que cada noche conduce el Minsa sobre el coronavirus, hizo un recuento de las gestiones realizadas con varios proveedores, en busca de uno que pudiera garantizar el suministro de los equipos en 10 días.
También contó que a principios de abril negoció la compra con la empresa Promed, de 20 ventiladores a $18 mil cada uno. “Después informaron que los ventiladores de la fábrica fueron vendidos a otros país... Esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando diariamente”, dijo Muñoz, que citó varios ejemplos de otros países. Luego, pidió la ayuda de “cualquier ciudadano” que tenga capacidad de adquirir cada respirador en menos de $50 mil, “y ponerlo aquí en 10 días”. En cuanto terminó, la ministra de Salud, Rosario Turner, le informó que ya le habían contactado dos personas interesadas.
Por lo pronto, se ha optado por adquirir equipos de oxigenación y cánulas para pacientes “que no están graves de atención, y poder compensar la ausencia de ventiladores”, dijo Muñoz.
La empresa
Muriba Company es una sociedad que, según el Registro Público, tiene como representante legal y presidente a Julio César Mendoza Potes; secretario, Amor Iveth Ibáñez Garrido, y tesorero, Fernando Iván Murillo.
El aviso de operación que reposa en el Ministerio de Comercio e Industrias precisa que su fecha de inicio de operación es el 1 de agosto de 2005 y su actividad comercial es la “compra y venta al por menor y al por mayor de equipos y maquinarias de construcción, así como al alquiler y mantenimiento de los mismos”.
En dicho portal no se menciona que la sociedad tiene experiencia en la comercialización de insumos médicos como ventiladores, un equipo del cual depende la vida de muchos pacientes que en estos momento están graves por coronavirus.
Se llamó a las oficinas de Muriba, pero no hubo respuesta. También se le hicieron llamadas y se le dejó mensajes a Mendoza (que no tiene relación con el diputado Julio Mendoza), pero al cierre de la edición no había contestado.
Tanto Mendoza como Murillo e Ibáñez forman parte de la razón social de la sociedad Fernando Iván Murillo & Asociados, S.A. (FIMSA). Mendoza es el apoderado legal, mientras Murillo aparece como presidente e Ibáñez es secretaria.
Según documentos que reposan en Panamá Compra, la Universidad Tecnológica de Panamá optó por resolver administrativamente un contrato con esta sociedad por “incumplimientos frecuentes” en la construcción de un laboratorio, cuyo costo era de $2.3 millones. Además, la inhabilitó por tres años para celebrar contratos con el Estado. Así lo indica una nota de 27 de noviembre de 2019, que lleva la firma del rector Héctor Montemayor.
