El Juzgado Sexto Penal sustentó que el Ministerio Público (MP) tiene la facultad para investigar el caso de la Ciudad Deportiva de David, a pesar que en la esfera patrimonial se haya anulado el proceso contra el contratista, el Consorcio Ciudad Deportiva David 2013.
Esta posición está contenida en un fallo del 7 de octubre de 2020, en el que se resuelve un incidente de controversia impulsado por María Del Carmen Salaverry de Garuz, en el que solicitaba su desvinculación del caso penal. Salaverry había sido representante legal de una de las sociedades del consorcio, Casa Quinta.
Parte del sustento de Evans Loo, abogado de Salaverry, era que el proceso fue ventilado por un tribunal de arbitraje que las partes habían convenido en el contrato No. 001-2013 del 10 de mayo de 2013, por un monto de $44.7 millones.
Sin embargo, la jueza suplente especial del Juzgado Sexto, Eydis Santimateo Ruiz, alegó que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, “tiene la facultad de investigar la existencia de un delito o no, y de haberlo, solicitar en su momento lo que en derecho corresponda”.
Además, la jueza planteó que no se puede pasar por alto que de una misma conducta se pueden derivar diversos hechos, los cuales pueden ser ventilados en diferentes jurisdicciones.
Dijo que a pesar de que el citado contrato estableció que toda controversia entre las partes debería ser atendida en un arbitraje, eso solo se refiere a la materia civil y no excluye que se investiguen otros posibles delitos.
Cabe destacar que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Cote Suprema de Justicia confirmó, en un fallo del pasado 7 de septiembre, la decisión del tribunal de arbitraje de octubre de 2016, que ordenó a Pandeportes pagar una indemnización de $18 millones al consorcio, por incumplir con el contrato.
En tanto, en la esfera patrimonial, el Tribunal de Cuentas confirmó el 3 de septiembre pasado el archivo del expediente, basándose en la decisión del tribunal de arbitraje.
Este caso inició luego de que Contraloría detectó una posible lesión patrimonial por $8.5 millones en perjuicio de Pandeportes, ya que se hicieron desembolsos por $9 millones a pesar de que el proyecto, que incluía un estadio de béisbol con capacidad para 8 mil fanáticos, un velódromo y un gimnasio multiuso, solo tenía un avance del 4.4%.
Entre los investigados figuran Javier Tejeira, exdirector de Pandeportes, e Iván Arrocha, exvicealcalde del distrito de Panamá.