Personal del Ministerio Público (MP) y de la Defensoría del Pueblo se trasladó ayer a la provincia de Bocas del Toro para investigar las denuncias sobre supuestas esterilizaciones sin consentimiento a indígenas.
Un equipo de fiscales visitó la provincia para hacer las pesquisas en torno a la denuncia, interpuesta por la presunta comisión de delitos contra la humanidad.
Asimismo, un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona para ampliar las pesquisas. Los funcionarios visitaron Charco La Pava, pero no pudieron hablar con ninguna de las supuestas afectadas, ya que la comunidad no permitió la entrada del Ministerio Público, informó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, pidió a la comunidad presentar las pruebas.
Agregó que ya tienen información de cuáles procedimientos quirúrgicos se efectúan en las instalaciones de salud de la provincia y cuáles no, así como la periodicidad de éstos.
La investigación se inició el pasado 17 de febrero a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por la diputada del partido oficialista Kayra Harding. Dos días antes, la diputada independiente suplente Walkiria Chandler reveló el asunto en una reunión de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
Chandler dijo que mujeres indígenas denunciaron lo sucedido a un grupo de diputados durante una visita a la comunidad indígena Charco La Pava de la comarca Ngäbe Buglé, en 2021.
