La fórmula era muy fácil de recordar. Si en Panamá el año terminaba en el dígito “0”, se haría un censo de población y vivienda. Así ha sido desde 1920, pero todavía, cien años después, no hay certeza de la fecha para el censo programado para este año.
Así, Panamá se une al exclusivo club de países del hemisferio que debe celebrar un censo este año y no tiene fecha definida. El otro miembro de la distinguida fraternidad es Venezuela. Aunque en ese país el censo se hace por “oleadas”.
El contralor general de la República, Gerardo Solís, ha puesto en marcha una mesa técnica con expertos del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia líder en temas demográficos del mundo, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La misión de la mesa es poco diplomática, ya que debe determinar si Panamá está en capacidad de hacer un buen censo y, en caso negativo, los técnicos identificarían las tareas a cumplir para alcanzar esa meta.
El primer censo realizado en el país fue en 1911, y a partir de 1920, se hicieron decenalmente. Solo en una ocasión, en 1960, se suspendió parcialmente en Panamá Este y Darién, por una terrible inundación que cortó las vías de comunicación. El censo se completó en 1961.
Un antecesor en el cargo que ocupa Solís en la actualidad, Rubén Darío Carles, fue capaz de realizar un censo, el de 1990, unos cinco meses después de la invasión del 20 de diciembre de 1989. Tres décadas más tarde, con dos líneas del Metro construidas, el Canal ampliado y la tecnología de telecomunicaciones más avanzada de la historia, el Estado ignora si podrá tener un censo el domingo 24 de mayo de 2020.
El problema no ha sido una catástrofe natural, como en 1960, o una acción militar extranjera, como en 1989. La causa del posible retraso es el proceso de licitación que llevó adelante la Contraloría para este censo. Todo parece indicar que las licitaciones se realizaron demasiado tarde, y no dejaron un espacio de tiempo para enfrentar eventualidades. Las dos licitaciones que convocó la Contraloría, una para los equipos de telecomunicación que usarían los empadronadores, y la otra, para escoger a la empresa que produciría los cuadernillos de los cuestionarios y procesaría de la data del censo, quedaron en el aire por múltiples factores.
El contralor Solís enfrenta una presión adicional: el censo anterior, el de 2010, fue un verdadero desastre. El evento no fue confiable, no se encuestó adecuadamente a los habitantes del país, y hubo muchos inconvenientes con la data recogida. La información del censo debe ser exacta para tener buenas decisiones en políticas públicas, y en la asignación del presupuesto. Quizás, necesitemos esperar hasta 2021 para hacer el censo que los panameños nos merecemos.