Una obra inconclusa después de ocho años, con negociaciones frustradas y la solicitud de más pagos a través de adendas, ahora está sometida a la decisión del contratista de dar por terminado el millonario contrato.
Se trata del proyecto de la Caja de Seguro Social (CSS) conocido como Ciudad de la Salud, que queda ahora en una especie de limbo jurídico, luego de que la empresa contratista, la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), enviara una nota en la que anunció a la entidad la “disolución” del contrato.
“La carta llegó de improvisto. Nosotros habíamos marcado algunos puntos en la mesa y súbitamente recibimos una carta donde nos plantean la disolución del contrato, arguyendo una situación de fuerza mayor”, expresó el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, quien detalló que la excusa de la empresa está relacionada con la pandemia de la Covid-19.
En palabras del funcionario, la acción de FCC los tomó por “sorpresa”, ya que hasta hace poco menos de un mes se había informado que la Ciudad de la Salud sería utilizada no solo para pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, sino para las enfermedades comunes que padece la población del país.
Lau Cortés calificó como “poco caballerosa” la acción de la empresa española y manifestó que el equipo legal de la CSS se encuentra evaluando cómo van a actuar en los próximos días, aunque no dio más detalles de la estrategia.
Además, la empresa reclama al menos $65 millones en concepto de “permanencia extendida”. En otras palabras, el contratista exige que se le pague esa suma por los cinco años en los que prácticamente no hubo avances en la obra.
“No tengo nada bueno que decir de ellos [FCC]. Absolutamente nada bueno”, concluyó.
Junta directiva
El subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, llevó este tema ayer a la junta directiva de la entidad.
En efecto, la presidenta de la directiva, Esmeralda Buchanan, confirmó que se les explicó la situación y que ahora están a la espera de un informe por parte del equipo legal de la CSS. “A nosotros nos preocupa este tema, porque esta obra debía estar lista en el año 2015”, dijo.
Por su parte, el también miembro de la junta directiva Javier Edward, manifestó que un contrato es ley entre las partes. “Yo no puedo decir de forma unilateral que rescindo un contrato. Como panameños, hay que defender los intereses de la CSS y analizar el fondo de todo esto”, puntualizó.
El proyecto estuvo plagado de irregularidades desde 2012, cuando se otorgó la orden de proceder, por $554 millones.
Por ejemplo, fue licitado a través de la modalidad llave en mano, pero antes de 2014 pasó a fast track.
Además, en su construcción se utilizaron paredes de pladur –una lámina parecida al gypsum– y no había registros sobre la donación del terreno para la obra ni se tenía vía de acceso a las instalaciones.
El proyecto tiene un avance de 65% y hasta ahora se ha pagado al contratista $335.7 millones.
Mala inversión
El coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, Domingo Moreno, dijo que si las autoridades de la CSS no actúan con firmeza, se estaría liberando a FCC de una gran responsabilidad, como concluir la obra. “Nos quieren dejar con el problema y estamos jugando como tontos. Esta obra terminará costando el doble”, se lamentó.
El proyecto volvió a convertirse en noticia hace poco, por el escándalo internacional de supuestos sobornos que habría pagado FCC en Panamá para quedarse con el contrato.