En su penúltimo día de sesiones, el pleno de la Asamblea Nacional avaló (con 44 votos) a Rosalinda Ross Serrano como suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, y, con 47 votos, un proyecto de ley que blinda a los ministros, el contralor, los diputados, los procuradores y los magistrados del Tribunal Electoral, en investigaciones sobre faltas administrativas en su gestión.
Le aquí: Pleno ratifica a Rosalinda Ross Serrano como magistrada suplente de Cecilio Cedalise
La sorpresa
Ayer, en el pleno legislativos, la sorpresa llegó cuando en el punto nueve del orden del día, apareció en segundo debate el proyecto de ley 733, con el que se restablece la vigencia del literal “b”, numeral 2, del artículo 86 del Código Judicial. Esta propuesta apenas recibió el primer debate el pasado miércoles, en la Comisión de Gobierno, que dirige el diputado perredista Víctor Castillo.
El proyecto 733, según su proponente, el diputado Roberto Ábrego, de la bancada del oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), busca “subsanar un vacío jurídico” que se ha producido respecto al conocimiento de las faltas que pudieran cometer los ministros, los procuradores de la Nación y de la Administración, los miembros de la Asamblea Nacional, el contralor general y los magistrados del Tribunal Electoral.
La moción plantea que el pleno de la Corte “recupere” sus funciones en las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los funcionarios en mención.
La propuesta causó suspicacia, entre otras cosas, porque fue aprobada en primer y segundo debate en menos de 24 horas y sin una opinión de alguna autoridad ligada al tema investigativo. Además de que se presenta justo cuando en los últimos meses se han dado denuncias contra altos funcionarios ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Hace dos días, el abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia administrativa ante la Procuraduría de la Administración –que dirige Rigoberto González–, en la que exige una justificación a la Contraloría para el refrendo de “bienes muebles” que han entregado diputados del PRD.
Lea aquí: Presentan denuncia por la feria de dádivas
Sin vigencia
Ábrego, cuya esposa Elia Díaz Núñez, es la directora Nacional de Servicio Exterior, Incentivos Fiscales y Comerciales de la Contraloría, basó su propuesta en un fallo emitido por la Corte el pasado 12 de julio de 2021, con el que se decidió no acoger un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Contraloría, que dirige Gerardo Solís, contra una resolución de la Procuraduría de la Administración con la que se decide investigar a Solís, a raíz de una denuncia de Cedeño.
Cedeño solicitó al procurador González que investigue posibles irregularidades en un contrato de la Contraloría a la empresa Venqis, S.A., por la suma de $49 mil 487, para trabajos de imagen y relaciones públicas.
En el fallo, recuerda Abrego, se afirma que el literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, establecía que el pleno de la Corte podía decidir, con audiencia de la Procuraduría General de la Nación o de la Procuraduría de la Administración, en causas relacionadas con delitos comunes cometidos por una lista de altos funcionarios, como el contralor. Pero que este pedazo del artículo 86 fue derogado por la Ley 63 de 2008 (que adopta el Código Procesal Penal).
Ábrego también alegó que, aunque la Corte no concedió el recurso a Solís, hubo votos concurrentes (de Cecilio Cedalise y Ángela Russo), quienes señalaron que el literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial no había sido derogado.
Salvarán a funcionarios
Los planteamientos de Ábrego no convencieron al diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien advirtió que se busca ayudar a funcionarios que no rinden cuentas de su gestión a la ciudadanía. “Una discusión de esta naturaleza no es seria, sino irresponsable, porque la propuesta no tiene emisión de concepto [de autoridades], quiere aprobarse a última hora y busca hacerle un favor a alguien”.
Explicó que el Código Procesal Penal vigente establece claramente la competencia en materia penal del pleno de la Corte sobre los funcionarios en mención. “Esos ministros que no quieren rendir cuentas, no quieren que una directora de la Antai pueda decirle: ‘ministro, le suspendo el salario; ministro, entregue la información’. Por eso quieren llevar el proceso [a un terreno] burocrático y complejo en la Corte, ente que desde el 2 de enero va a controlar el PRD”, afirmó.
