En abierto desafío a la ley, dos directores y tres subdirectores de instituciones estatales, el rector de una universidad pública, y tres vicerrectores no entregaron su declaración jurada de bienes patrimoniales.
La información está consignada en un informe de la Contraloría General de la República solicitado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Se trata de Gustavo Pérez y Gustavo De León, director y subdirector de la Autoridad de Aeronáutica Civil; Jorge Quintero, director general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco); Eury Baso, subdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh); y Jorge Saldaña, subdirector del Instituto de Seguros Agropecuarios.
Además, están Faustino González, rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá; al igual que Argelis Solís, y Juan C. Ayú Prado, vicerrectora, y vicerrector de esa casa de estudios. Otro que incumplió con la Ley 59 de 1999 sobre la obligación de hacer la declaración patrimonial fue Mauro Destro, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Con la intención de perseguir el delito de enriquecimiento injustificado, se creó la La Ley 59 de 1999 que establece que esta figura tiene lugar cuando, “cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen”.
El documento de la Contraloría entregado a la Antai (con información hasta el 31 de diciembre) también contiene los nombres de todos los funcionarios que sí cumplieron con la obligación. Se destaca que 121 servidores entregaron la documentación requerida, entre ellos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Ninguno de ellos la hizo pública.
En abril de 2015, tras una consulta de la Fiscalía de Cuentas, el procurador Rigoberto González sustentó que las declaraciones juradas de bienes patrimoniales son de carácter público, ya que la Ley 6 de 2002 no les da carácter restringido.
La declaración jurada de bienes se hace en una notaría, donde se queda una copia y el original debe ser llevado a la Contraloría. La ley establece 10 días hábiles a partir de la toma de posesión y 10 días hábiles después de dejar el cargo.
Uno de los funcionarios que aparece en el listado, Jorge Saldaña, aclaró que él sí hizo la declaración. Pero lo hizo el 30 de diciembre.
Hasta ahora, solo los magistrados María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo Batista y Carlos Vásquez Reyes han hecho público su declaración de bienes.