La Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó que se inhabilite en Nicaragua la candidatura política de Cristiana Chamorro, la mayor rival del presidente Daniel Ortega con miras a las elecciones de noviembre.
La policía allanó ayer la vivienda de Chamorro después de que un tribunal controlado por Ortega emitiera una orden de detención por una acusación de presunto lavado de activos presentada por Ortega.
En tanto, Estados Unidos advirtió que estas acciones que impiden la participación de Chamorro en el proceso electoral se deben a que Ortega teme a “elecciones libres”.
Régimen de Ortega arremete contra principal líder opositora
La policía de Nicaragua allanó ayer la vivienda de la opositora Cristiana Chamorro, dijo su secretaria, con una orden de detención tras una acusación de lavado de activos presentada por el gobierno de Daniel Ortega.
Un tribunal de Managua informó en una nota de prensa que ordenó el “allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
Los agentes entraron con violencia a la residencia de Chamorro, en el sureste de Managua, donde se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la fiscalía, contó a la AFP Arelia Barba, asistente de Cristiana.
Amigos y familiares de Chamorro trataron de ir a la residencia de Chamorro. Policías y antimotines impedían el paso al lugar, según imágenes de la TV local.
La orden de detención contra Chamorro la emitió la juez Karen Chavarria, del Noveno Distrito Penal, donde fue radicada la acusación de la fiscalía en la noche del martes, según el comunicado.
Chamorro, de 67 años e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, declaró su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre.
Aunque Ortega aún no ha confirmado su participación en estas elecciones, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.
La fiscalía abrió una investigación contra Chamorro el 20 de mayo a pedido del Ministerio de Gobernación,
El gobierno la acusa de irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre, dedicada a la promoción de la libertad de expresión.
La opositora ha rechazado esas acusaciones y las ha considerado una “farsa” para evitar su participación en las elecciones.
La ley nicaragüense impide postular a cargos públicos a personas con proceso penal abierto.
Oposición reacciona
El bloque opositor, denominado Coalición Nacional (CN), acusó en un comunicado a Ortega de “desatar una cacería” contra los precandidatos porque “teme ir a un proceso libre, transparente y observado”.
Recientemente, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por magistrados nombrados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dejó fuera de la carrera al Partido de Restauración Democrática (PRD-evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.
“Es posible que después de Cristiana sigan otras inhibiciones a más precandidatos, ya que Ortega quiere sacar del juego a los opositores que le signifiquen mayor reto a su plan de perpetuarse en el poder’, dijo el martes el aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga.
El registro de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto. Los opositores dan por descontada la candidatura de Ortega.
El gobernante de 75 años enfrenta desde el 2018 una crisis política detonada por protestas masivas por algunas medidas de su gobierno y que desencadenaron en pedidos de renuncia. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los hechos le han valido sanciones de Estados Unidos.
Para Ortega, se trató de un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Washington.
