Una denuncia para que se investiguen administrativamente posibles irregularidades en el contrato para la construcción del Hospital Modular Panamá Solidario fue presentada por miembros de Conciencia Ciudadana ante la Procuraduría de la Administración.
En la acción, se solicitó al procurador de la Administración, Rigoberto González, que le exija rendición de cuentas al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien según informaciones divulgadas por este medio, pudo haber gestionado la compra de materiales de segunda para la adecuación del hospital.
La denuncia, que incluyó la investigación publicada por La Prensa el 23 de mayo pasado, se sustenta en el numeral 2 del artículo 16 de la ley de contrataciones públicas, que establece que es obligación de las entidades contratantes “obtener el mayor beneficio para el Estado y el interés público, cumpliendo con las disposiciones de la presente ley, su reglamento y el pliego de cargos”.
Los ciudadanos señalan en el documento que “si los datos mencionados por el medio [La Prensa] son precisos, la compra realizada por el Ministerio de Obras Públicas para la adecuación de un hospital modular dista mucho de las características de su destino y el objeto, por lo que pudiese estar violando la ley en detrimento y lesión patrimonial al Estado, tanto por el excesivo costo del material como por las condiciones en que éste fue adquirido y utilizado previa y posteriormente”.
Consideraron que el procurador González debe iniciar una investigación de carácter administrativo, con el objetivo de validar si, en efecto, en la adecuación del Hospital Modular Panamá Solidario se utilizaron 160 estructuras modulares usadas, importadas por la empresa SmartBrix desde Costa Rica.