Crece el malestar contra el Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, sobre el procedimiento especial de expedición de certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas.
Al menos 77 oenegés suscribieron un comunicado, en el que exigen al Ejecutivo la inmediata derogatoria de dicho decreto, el cual consideran que abre la puerta de facto para el reconocimiento actual y futuro para nuevas ocupaciones, así como la invasión de áreas protegidas.
Destacaron que con esta medida el Ministerio de Ambiente entrega más del 30% del patrimonio del Estado, que es lo que constituyen las áreas protegidas, para que sea “certificado” por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.
En cambio, el Ministerio de Ambiente señaló que la certificación de uso de suelo ayudará a mantener un mejor orden sobre las poblaciones dentro de las áreas protegidas, y también permitirá mantener un registro sobre el tipo de uso de suelo.
Más voces contra certificado de uso de suelo en reservas
La promulgación del Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, que crea los certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas, generó el rechazo de oenegés que abogan por los recursos naturales, por un mejor sistema de justicia en el país, por los derechos de las comunidades y otras causas.
En total, 77 oenegés suscribieron un comunicado que comienza planteando que el Ministerio de Ambiente (Miambiente) cede por decreto ejecutivo sus competencias a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), permitiendo que sea esa entidad la que determine el uso de los suelos en áreas protegidas.
El argumento de las oenegés es que con esta acción, el ministerio no sólo ignora los planes y categorías de manejo, los planes operativos anuales y los múltiples compromisos internacionales de conservación, sino que entrega más del 30% del patrimonio del Estado, que es lo que constituyen las reservas ecológicas, para que sea “certificado” por la Anati.
También advierten las consecuencias que podría ocasionar esta nueva medida: “se le otorga completa discrecionalidad a la Anati para determinar a quién se considerará poseedor legítimo dentro de un área protegida.
Considerando que ninguna de las entidades involucradas cuenta con registros catastrales oficiales de las áreas afectadas, el decreto abre la puerta de facto para el reconocimiento actual y futuro para nuevas ocupaciones, muchas de las cuales han sido toleradas hasta la fecha por las graves limitaciones en la capacidad fiscalizadora de Miambiente”.
Incluso, las oenegés calificaron como promesas vacías el discurso y otros compromisos adoptados por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la Cumbre de Cambio Climático en Escocia, si no se acompañan de acciones reales.
Como parte de su discurso, Cortizo dijo lo siguiente en aquel país europeo: “Los panameños han asumido la responsabilidad de haber sido bendecidos con una de las mayores biodiversidades del mundo... Panamá ha entendido que lo que es bueno para el planeta es bueno para la economía y es bueno para cada uno de los países”.
En el escrito, la Alianza Ciudadana pro Justicia, Sociedad Audubon, Centro de Incidencia Ambiental, Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Asociación de Residentes de Clayton, Amigos del Parque Internacional La Amistad, entre otras organizaciones, solicitan la derogación del decreto al considerar que ninguna de las normas que constituyen las áreas protegidas busca perjudicar el desarrollo económico o social; muy por el contrario, persiguen la protección del agua, el resguardo frente a tormentas e inundaciones, barreras naturales contra enfermedades y múltiples servicios ambientales sin los cuales las poblaciones estarían expuestas.
“En los escenarios de pandemia, crisis climática y crisis económica que atraviesa el mundo, se acabó el tiempo para los discursos vacíos que no se convierten en acciones reales”, concluye el comunicado de las 77 oenegés.
La defensa
Por su parte, Miambiente informó que las áreas protegidas corresponden al 33% de la superficie terrestre del país y muchas de ellas fueron creadas en zonas de importancia para la conservación, pero que mantenían poblaciones cercanas a las zonas de protección absoluta.
Según la entidad, estas poblaciones, dedicadas en su mayoría a la agricultura y ganadería familiar, nunca han tenido seguridad jurídica de sus tierras debido a que las leyes y normas que rigen las áreas protegidas no permiten la titulación de tierras en éstas.
Se trata de una situación que, de acuerdo con el ministerio, no ha permitido determinar la cantidad exacta de residentes, ubicación y cantidad de tierra que poseen, lo que ha dificultado la aplicación de las normas ambientales generales.
También dijo que antes de la creación de la gran mayoría de las reservas ecológicas existían decenas de miles de familias y comunidades rurales completas (distritos y corregimientos) sin ningún instrumento jurídico de propiedad ni de uso de sus tierras.
En este escenario, aseguró que la certificación de uso de suelo busca dar un documento que legalmente permita la actividad que se realiza; siempre y cuando la norma no lo prohíba.
Además, Miambiente precisó que se reserva el derecho de dar la aprobación o no de la solicitud presentada, dependiendo del área en que se encuentre el terreno y las normas aplicables.
“Al estar inscritos estos certificados en el Registro Público de Panamá, esto permitirá incorporar en la base de datos registral las prohibiciones y posibles usos, a través de una marginal en la certificación”, indicó la entidad ambiental.
Miambiente terminó señalando que la certificación de uso de suelo ayudará a mantener un mejor orden sobre las poblaciones dentro de las áreas protegidas, y también permitirá mantener un registro sobre el tipo de uso de suelo.
La emisión de este decreto ejecutivo se dio poco después de que el diputado del Partido Revolucionario Democrático y expresidente de la Asamblea Nacional Marcos Castillero presentara el anteproyecto de ley 58, con el que la reserva forestal El Montuoso pasaría a convertirse en reserva hidrológica.
Más allá de ese cambio de denominación, la propuesta de ley permitiría la titulación del lugar, lo que para los ambientalistas sería “negativo”, pues esa zona es uno de los últimos refugios de biodiversidad de Herrera.
