Varias organizaciones ambientales y científicas enviaron el pasado 2 de noviembre una nota al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que le solicitan el “veto parcial” del proyecto de ley 131, que regula la pesca y la acuicultura en el país.
Esta iniciativa de ley fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 29 de octubre, no obstante, generó malestar entre ecologistas y el sector científico, fundamentalmente, por dos aspectos: Por eliminar de la Comisión de Pesca Responsable a los representantes de las organizaciones sociales y de los centros de investigación para aumentar la ya abultada representación del sector pesquero y, además, por quitar a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) la potestad de revocar licencias por multas, a quienes infrinjan normas pesqueras y acuícolas.
La misiva, que lleva la firma de representantes de unas 10 oenegés, entre ellas: Fundación MarViva, Centro de Incidencia Ambiental, Movimiento MiMar, Sociedad Audubon de Panamá, Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, plantea que el proyecto de ley incluyó temas positivos y necesarios para el sector pesquero y acuícola. Sin embargo, resalta que el trabajo participativo evolucionó de forma inesperada y desafortunada durante los debates en la Asamblea Nacional, donde se agregaron al documento modificaciones que concluyeron en una versión con errores de redacción, serias omisiones y disposiciones retrógradas.
Por ejemplo, sostienen que se debilita la institución rectora (la ARAP) al eliminar su facultad de revocar licencias concesiones o permisos de pesca a quienes violan las normas de pesca, acuicultura y manejo marino. El proyecto de ley aprobado permite a la institución actuar frente a las licencias internacionales, pero excluye a las licencias nacionales.
Otra crítica se centra en el artículo 146 de la propuesta de ley, el cual disminuyó las multas que establecía la Ley 44 de noviembre de 2006, que creó la ARAP. Anteriormente, en el caso de faltas graves se contemplaba una sanción desde los $10 mil 001 hasta $1,000,000, pero con la modificación se estableció una fórmula de multa a razón de $20, multiplicados por los metros de eslora (longitud de una embarcación desde la proa a la popa).
Para tener una idea, si la embarcación que cometió la falta grave durante su actividad pesquera tiene una longitud de 14 metros de eslora, pagaría $280.
De hecho, para las oenegés esta modificación es un “retroceso”, pues, generalmente las multas buscan disuadir al infractor de continuar incumpliendo la norma, lo que deja de surtir efecto si el monto es muy bajo.
Además, consideran que el nuevo documento reduce la transparencia y la participación ciudadana debido a que se modifica la representación balanceada de los miembros de la Comisión Nacional de Pesca Responsable, al excluir a los representantes de las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental marino y a las organizaciones de investigación científica.
La nota concluye con un llamado a Cortizo: “señor presidente confiamos en que usted como el primer ciudadano de Panamá ponderará estas deficiencias del proyecto de ley 131 de 2020 aprobado en la Asamblea Nacional y antepondrá los mejores intereses del país. Esta ley que nació de una necesidad y aporta elementos importantes para cumplir con temas que requieren regulación, queda empañada cuando en su debate final, apresurado y no inclusivo, incluyó serias imprecisiones y desaciertos”.
Para Tania Arosemena, gerente de Incidencia Política de MarViva, una ley como esta es necesaria, porque viene a actualizar los diferentes tipos de pesca que se practican en Panamá y también viene a ordenar la industria.
No obstante, consideró que algunas modificaciones que se hicieron afectan la institucionalidad, los balances, contrapesos y participación en las acciones vinculadas a la gestión sostenible de los recursos pesqueros del país. “Con la ley así como está pierde el país si el Presidente no escucha el llamado del sector científico y las oenegés”, puntualizó Arosemena.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que es necesario el veto parcial de la ley, ya que deja de lado el apoyo científico y técnico que se le da a la actividad, al tiempo que incumple los principios de participación y de no regresión en materia ambiental. “Necesitamos una ley de pesca pero que sea incluyente y sostenible, respetuosa con toda la población y las leyes y compromisos de la nación”, acotó.
José Miranda, representante de los pescadores artesanales de Coclé, manifestó que lo logrado fue “positivo” debido a que la ley miró hacia el sector pesquero.
“Al final del camino tenemos una ley cónsona con el sector y en la comisión de pesca, pese a que no están los ambientalistas, si está el Ministerio de Ambiente”, planteó Miranda.
