Representantes de partidos políticos constituidos y en formación impulsan iniciativas para recoger firmas y convocar a una constituyente paralela por iniciativa ciudadana. Mientras que desde el oficialismo consideran que se está “pescando en río revuelto” y dejando a un lado el pacto por el Bicentenario que convocó el presidente Laurentino Nito Cortizo.
El artículo 314 de la Constitución dice que esta figura puede ser convocada por el Ejecutivo y ratificada por el Legislativo o por una iniciativa ciudadana.
Las propuestas para promover esta figura se dan en medio de los escándalos por los abusos en albergues custodiados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la renuncia de Eduardo Ulloa a la Procuraduría General de la Nación y por las cuestionadas compras en medio de la pandemia de la Covid-19.
Rómulo Roux, presidente del opositor Cambio Democrático, insistió en que “el sistema ya colapsó” y, a su juicio, llegó el momento de deponer intereses y banderas políticas para luchar por una nueva Constitución a través de una constituyente convocada mediante recolección de firmas.
Mientras que el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, anunció que realizará una serie de reuniones con el fin de organizar a todo los ciudadanos inscritos o no en ese partido para una constituyente
Otro partidario de la figura es Ricardo Lombana, presidente del partido en formación Otro Camino. Manifestó su intención de sumarse al esfuerzo de recoger firmas para lograr un proceso constituyente. A su juicio, el país reclama un nuevo orden político, al que se debe llegar a través de un proceso constituyente, participativo, que contribuya a refundar las bases del país. Dijo que es necesario que el proceso esté legitimado “por actores no vinculados al sistema político corrupto, pues controlarán tanto el proceso como el resultado”.
Habla el PRD
Sin embargo, para Pedro Miguel González, secretario general del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo al que pertenece el presidente Cortizo, aunque se requiere un cambio constitucional por la vía que genere consenso, la mirada debe estar puesta en el diálogo del Bicentenario, convocado por mandatario el pasado 26 de noviembre.
Planteó que si en el pacto hay consenso para convocar a una constituyente paralela, entonces no sería necesaria la recolección de firmas, ya que el Ejecutivo puede convocarla con la aprobación de la Asamblea Nacional. “Creo que los partidos de oposición y otros actores sociales tratan de jugar su papel sin advertir algunos, y otros a sabiendas, que la convocatoria por iniciativa popular a una constituyente paralela tira por tierra la propuesta del diálogo del Bicentenario que ha hecho el gobierno actual. Sin duda, algunos están pescando en río revuelto”, advirtió.
A este debate se unió José Muñoz, presidente del Partido Alianza, quien expresó que la constituyente paralela conforme está en el artículo 314 de la Constitución fue una salida en el año 2004, pero en la realidad actual sería “inoperante, larga y no garantiza nada”.
Consideró que ponerla en marcha sería frenar la economía. Propuso como salida una reforma constitucional con base en dos asambleas, la saliente y la entrante [Artículo 313 de la Constitución]. “Esto sería posible, siempre y cuando haya verdadera disposición política de realizar cambios”, dijo.
Reglamentación
Hace dos semanas, mediante el Decreto 2 del 4 de febrero de 2021, el Tribunal Electoral, que preside Heriberto Araúz, reglamentó el trámite para la recolección de firmas con miras a la convocatoria de una asamblea constituyente paralela por iniciativa ciudadana.
Estableció, por ejemplo, que las agrupaciones que intenten llamar a una constituyente paralela deberán recolectar el 20% del padrón electoral vigente al 31 de diciembre del año anterior. Esto representaría 551 mil 564 firmas, con base en el último padrón (elecciones de mayo de 2019).
El decreto indica también que solo podrán apoyar la iniciativa los ciudadanos que estén en pleno goce de sus derechos políticos y que aparezcan en el Registro Electoral al 31 de diciembre a la fecha de la solicitud.
Tendrán seis meses para recolectar las firmas, plazo que correrá desde el día hábil siguiente a las dos semanas de capacitación previstas por la Dirección Nacional de Organización Electoral.