Las huestes del dictador Daniel Ortega rondaban ayer las avenidas de Nicaragua, donde el ir y venir en auto o a pie era escaso. En las calles había poca gente para detener, para reprimir, para luego endilgarles el cargo de “traición a la patria”, entre otros.
El paro nacional de 24 horas convocado por la oposición en reclamo de la liberación de los detenidos en protestas surtió efecto, mientras que el dictador amenazaba al sector privado con represalias, y los policías se dedicaban a tomar fotografías de los negocios que cerraron sus puertas.
El miércoles, el superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, adepto al régimen, amenazó a los bancos, financieras y demás instituciones que forman parte del sistema financiero de Nicaragua con quitarles la licencia si participaban en el paro nacional. Los bancos abrieron sus puertas.
“...Debo recordarles que el banco es concesionario de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el Estado de Nicaragua, la cual debe ser acatada fielmente para beneficio de todos los nicaragüenses”, afirmó.
En un comunicado, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua instó al régimen orteguista a ser “facilitador de las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos podamos ejercer libremente nuestros derechos y poder restablecer la vida democrática de Nicaragua”.
Se informó que una gran mayoría de estudiantes asistió a clases, toda vez que los profesores les habían advertido que les quitarían puntos si se ausentaban. La amenaza por no asistir también surtió efecto en las oficinas públicas.
Algunos de los que fueron a trabajar manifestaron que lo hicieron por la crisis económica que agobia al país, y no por apoyo al Gobierno.
José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo ayer jueves que, “pese a todo tipo de amenazas del régimen contra empresarios y comerciantes, el paro ha sido un éxito en todo el país”.
Ironías del régimen
En su página electrónica, el régimen informaba ayer que “la delegación de gobierno ratificó nuevamente la voluntad de continuar en la mesa de negociación, valorando que esta es la vía que tienen los nicaragüenses [para arreglar] las diferencias y contradicciones”.
Agregan que seguirán siendo fortalecidas las comisiones de reconciliación, justicia, paz y seguridad como un instrumento importante de diálogo entre los nacionales.
Lo anterior es “para, precisamente, superar las diferencias, contradicciones, fortalecer nuestro espíritu de convivencia en paz y continuar trabajando armoniosamente como corresponde a todos los nicaragüenses”.
“Superando contradicciones, no dejándonos influenciar por propagandas negativas o noticias falsas que tienden precisamente a incrementar diferencias y divisiones en las familias nicaragüenses”, dice la dictadura comandada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La crisis que vive Nicaragua desde hace un año ha dejado 325 muertos, unos 800 detenidos y 62 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.
(Con información de La Prensa, El Nuevo Diario, Presidencia de Nicaragua, AFP).
Estertores de un régimen que generan desconfianza
Horas antes del llamado opositor al paro de 24 horas, la dictadura de Daniel Ortega divulgó un “plan de trabajo”, en el que planteó “la liberación definitiva, a más tardar el 18 de junio”, de los 336 opositores que han sido enviados a arresto domiciliario desde febrero pasado. El anuncio incluye también a los reos “que todavía se encuentren encarcelados y los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite”. La propuesta descarta la demanda opositora de adelantar los comicios, y en su lugar plantea “continuar con la Organización de Estados Americanos (OEA) el proceso de fortalecimiento institucional electoral (...) para las futuras elecciones generales del 2021”. A juicio de José Pallais, de la Alianza Cívica, la agenda de trabajo del régimen demuestra su falta de voluntad política, “la cual, como Alianza Cívica, hemos buscado por todos los medios, pero que el Gobierno boicotea”. “Presentar una agenda unilateral se puede interpretar que se están alejando del diálogo, lo cual ratifica una vez más que este gobierno no tiene voluntad de buscar respuestas a las grandes demandas del país en materia democrática, política, institucional y de derechos humanos...”, precisó Pallais.