La comisión del Pacto de Estado por la Justicia instó a los diputados de la Asamblea Nacional a dejar de proponer cambios parciales en el Código Penal y en el Código Procesal Penal para sumarse a un esfuerzo de reforma integral de estos instrumentos legales, impulsado por el propio Pacto de Estado por la Justicia.

La misiva de la entidad surge a raíz de que en ocho meses de trabajo legislativo, ya los diputados han efectuado 21 propuestas de cambios al Código Procesal Penal y al Código Penal, que incluyen el aumento de penas a ciertos delitos, y la sustitución obligatoria de las condenas de cinco años o menos, por trabajo comunitario, para beneficiar a delincuentes primarios.

El Pacto de Estado por la Justicia fue creado en 2005, como un foro de diálogo y de propuesta en materia de justicia. El Pacto ha impulsado la adopción del sistema penal acusatorio, la redacción de un nuevo Código Penal, y la creación de una moderna Ley de Carrera Judicial.

El Pacto fue convocado en 2019, por el presidente Laurentino Cortizo, para entrevistar y evaluar a los aspirantes a los tres cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Pacto de Estado convoca a la Asamblea Nacional

La práctica de los diputados de hacer parches a los códigos podría detenerse si prospera una solicitud de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia para que la Asamblea Nacional se incorpore a las mesas de trabajo, para hacer una reforma integral del Código Penal y del Código Procesal Penal.

La iniciativa del Pacto de Estado es una respuesta al conjunto de modificaciones parciales que los diputados de la actual Asamblea han propuesto y que cambiarían el contenido de ambos códigos. La proliferación de propuestas, que en ocho meses de trabajo legislativo ya alcanzaron las 21 iniciativas, puede derivar en una situación de ruptura de la integralidad y coherencia de los códigos mencionados, ya que cada cambio parcial puede afectar los nexos lógicos y procesales entre los distintos artículos, capítulos y libros que los conforman.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el perredista Leandro Ávila, anunció que se abstendrá de recibir en esa instancia iniciativas de sus colegas que busquen modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal de la República.

Esta decisión, manifestó el diputado, se la notificó ayer a sus colegas en la sesión del pleno.

Según la Constitución Política, los diputados tienen iniciativa legislativa para proponer leyes y modificar o derogar las existentes, por lo que la decisión anunciada por el diputado Ávila refleja una restricción voluntaria por parte de los diputados a una facultad que mantienen por mandato constitucional.

La razón de esta decisión se debe a la nota que recibió Ávila, por parte de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, que preside el procurador de la administración Rigoberto González, en la cual se pide a la Asamblea “que se suspendan las sesiones de anteproyectos de ley que conlleven reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, permitiendo que la Comisión de Estado las pueda acumular e incluirlas dentro de la revisión integral de ambos códigos de la nación”.

En ese sentido, Ávila dijo que la Comisión de Gobierno tiene toda la disposición de colaborar con el también denominado Pacto de Estado, y que participarán el próximo 4 de marzo en la reunión de esa instancia, en las instalaciones de la Procuraduría de la Administración en Llanos de Curundú. No obstante, dejó claro que, como presidente de la Comisión de Gobierno, no puede impedir la iniciativa legislativa de sus colegas.

“Esta Comisión de Gobierno, y así lo voy a señalar ahora en el pleno, se va a quedar con los proyectos y los prohijamientos que tenemos, porque no los podemos detener y les vamos a dar curso. Pero sí vamos a advertir en el pleno hoy que los diputados traten de abstenerse de presentar propuesta de modificación [a los códigos en mención]. Esto es una sugerencia, porque yo no puedo obligar a ningún diputado a que no lo haga […]”, explicó.

Aunque el presidente de la Comisión de Gobierno puede facilitar la interacción entre la Asamblea Nacional y la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, esta colaboración podría verse en riesgo si en una próxima legislatura el diputado Ávila dejara de ser presidente de esta Comisión.

La diputada Corina Cano, integrante de la Comisión de Gobierno, se encargaría de agrupar todas las propuestas que se han presentado en temas de modificación a los códigos Penal y Procesal Penal, de tal manera que se haga un informe que pueda tener el representante de la Asamblea en la Comisión de Estado.

Quien sí cuestionó la nota del Pacto de Estado fue la perredista Zulay Rodríguez, quien se encontraba sustentando una propuesta de modificación al Código Penal en la instancia legislativa.

Rodríguez, quien es una de las diputadas que ha presentado varios proyectos para reformar estos códigos, catalogó de “irrespetuoso”, el posicionamiento del Pacto de Estado. “El pacto de Estado por la justicia representa a grupos y poderes económicos que lo único que han buscado en este país es robarse los activos del Estado panameño, buscan sus consultorías. Son unas personas hipócritas, mentirosas y de doble moral, que lo único que están buscando son sus intereses. Ahora nosotros tenemos que abstenernos para complacerlos a ellos […]”, precisó.

La diputada Rodríguez forma parte del grupo de miembros de la Asamblea Nacional que tienen licencia para el ejercicio profesional del derecho, una prerrogativa constitucional que, según algunos críticos, les permite a los diputados abogados tener una mayor influencia sobre los procesos judiciales en los que participan en desventaja de sus contrapartes, y en el caso del Estado, del Ministerio Público.

No obstante, Ávila insistió en que esta es la oportunidad para que los panameños se sienten ya a ver realmente que es lo que se quieren con el Código Penal y el Código Procesal Penal, para que haya un solo acuerdo.

En la nota de la Comisión de Estado se explica que para la reunión del 4 de marzo se invitó a los operadores judiciales del Sistema Penal Acusatorio (jueces y magistrados) para abordar temas referentes a la carrera judicial y el estatus de estos. Y se precisará la metodología para la revisión integral de los códigos mediante mesas de trabajo. Igualmente, se dice que se envió nota al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que se involucre y lidere las reformas que se harán en las diferentes mesas técnicas.

Además, el Pacto de Estado anunció que retomarán las iniciativas llevadas a cabo en las mesas técnicas sobre las reformas al proceso civil, la creación del Código Procesal Constitucional, único instrumento presentado a la Comisión de Gobierno en el año 2018, y el Código Procesal Contencioso Administrativo.

Panamá fue uno de los últimos países latinoamericanos en implementar el Sistema Penal Acusatorio, y enfrenta un enorme rezago en materia de efectividad del sistema de justicia. Esta ha sido una de las causas por las que el país reiteradamente ha sido incluido en la lista gris del Grupo de Acción Finaciera Internacional (GAFI), sobre el combate y prevención sobre el blanqueo de capitales.