Recordando que recibieron el país con las finanzas “comprometidas”, y que en 22 de los 30 meses de gobierno han tenido que lidiar con la pandemia, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, leyó ayer un informe sobre las contrataciones hechas en medio del estado de emergencia, por la Covid-19.
“Ningún país tenía la legislación ni la experiencia para enfrentar esta pandemia que nos sorprendió a todos, sin manual de procedimiento, todos los días avanzamos y atendíamos nuevas y mayores amenazas”, dijo el también ministro de la Presidencia en las escalinatas del edificio de la administración de la Autoridad del Canal de Panamá, donde se celebró el primer Consejo de Gabinete del año.
Informó que a través de la resolución de Gabinete 130 del pasado 30 de diciembre (publicada en la Gaceta Oficial 29445-F), se autorizaron $3,544,991,890.77 para hacerle frente a la emergencia. De ese total, dijo, $2,073,304,795.82, se destinaron al plan Panamá Solidario, es decir el 58% de los fondos. El resto: $1,471,687,094.95 fue usado por las entidades en el “Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia”, es decir, en compras directas. “El presidente Nito Cortizo tomó la decisión de no escatimar recursos para lograr disponer de la cantidad necesaria de camas en los hospitales incluyendo la habilitación y construcción de instalaciones adicionales, que reforzaran la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria”, advirtió.
Carrizo se quejó de una “campaña mediática” originada para “generar escándalo sobre el supuesto sobrecosto de ventiladores”. En abril de 2020, en medio de unas etapas más complejas de la pandemia, estalló un escándalo por la intención del Ministerio de la Presidencia de comprar 100 ventiladores AHP-300 para los pacientes de Covid-19, a $48 mil cada uno. Luego de duras críticas y de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Presidencia informó que había desistido del contrato. El caso le costó el puesto a Juan Carlos Muñoz, quien era el viceministro de la Presidencia, quien renunció.
Carrizo también hizo referencia a que una firma de auditores aseguró que el Ministerio de la Presidencia “llevó controles idóneos de registros de los fondos que asignó a las entidades del Gobierno Nacional”.
Se jactó de la transparencia con la que han manejado la pandemia, y mencionó un informe que presentan todos los miércoles. El documento al que se refiere es un compendio de cifras sin el detalle del tipo de compra y las empresas beneficiadas.
