Una investigación de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada dejó al descubierto una red que introducía a Panamá, con engaños, a mujeres venezolanas y colombianas para prostituirlas.
La fiscalía estableció que la red estaba liderada por una mujer, sus dos hijas y dos hombres, estos últimos se encargaban de la vigilancia de las víctimas para que no escaparan.
Las mujeres fueron llevadas a un local ubicado en las inmediaciones de la Plaza 5 de mayo en donde eran forzadas a ofrecer servicios sexuales hasta por $10 y en la noches ejercían la prostitución en el área bancaria de Panamá.
Algunas de las víctimas, que aún permanecen en Panamá, relataron a las autoridades que fueron contactadas en Colombia por una mujer que les hizo promesas de trabajo en el exterior y tras acordar el viaje les entregó dinero para sacar el pasaporte y pagar el boleto aéreo, pero que una vez en Panamá se les retiró el pasaporte. Además, las amenazaron con hacerle daño a sus familias si no cumplían sus exigencias. Igualmente, estaban obligadas a pagar el dinero que se les facilitó para el viaje.
Detallaron que fueron llevadas a un viejo edificio en la Plaza 5 de Mayo y que allí debían atender un promedio de 20 a 30 clientes por día y luego en la noche eran llevadas a las inmediaciones de un casino en el área bancaria, en donde ubicaban nuevos clientes.
También explicaron que les fueron entregados teléfonos celulares que debían mantener encendidos para conocer su ubicación en todo momento. Dos hombres se encargaban de vigilar sus movimientos para que no contactaran a la autoridades.
A la vez explicaron que fueron objeto de malos tratos y constantes amenazas contra su integridad física y la de sus familias.
Cuando el Ministerio Público se preparaba para efectuar los arrestos, el grupo criminal se trasladó a Colombia, por lo que la fiscalía entregó toda la investigación a sus pares colombianos, quienes lograron efectuar las capturas y les formularon cargos por tráfico sexual.
La fiscalía panameña solicitó una asistencia judicial a ese país para determinar si una vez los procesados cumplen su pena en Colombia pueden ser extraditados y enfrentar cargos por trata sexual en Panamá.