La Covid-19 está golpeando a los pacientes con insuficiencia renal crónica de la Caja de Seguro Social (CSS). Algunos de ellos fallecieron por causa del virus y, ahora, una parte del tratamiento que esta población requiere para 2021 está en peligro, por la limitación presupuestaria acompaña al escenario actual.
El director de la entidad, Enrique Lau Cortes, subrayó que enviaron una “sustentación técnica” a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconsidere el presupuesto de la CSS del próximo año.
Lau Cortés sustentó el presupuesto de la CSS la semana pasada ante la Asamblea, el cual asciende a $5 mil 938.2 millones, una cifra que es $329 millones más baja que lo solicitado ($6 mil 267.2 millones).
Resulta que en ese ajuste a la baja, de $329 millones, los más perjudicados fueron los pacientes con insuficiencia renal crónica, ya que de ese total cerca de $34 millones corresponden a servicios para esta población.
El costo
Para tener una idea, el costo mensual del tratamiento para un paciente que recibe hemodiálisis es de $2 mil 871.48, y actualmente la CSS atiende a una población de 2 mil 200 pacientes con insuficiencia renal crónica.
Lo anterior significa que, al año, esta entidad destina más de $75.8 millones para tratar a estas personas. Aunque, para 2021, la CSS también tenía planeado ampliar la atención con cinco clínicas más de hemodiálisis en todo el país debido al incremento mensual de nuevos casos de insuficiencia renal.
Por ejemplo, la CSS gestiona 17 salas de hemodiálisis en todo el país, pero cada mes aparecen 50 nuevos casos de insuficiencia renal, lo que según el director de la institución los obliga a buscar las alternativas para habilitar más instalaciones, sobre todo en el interior.
Una de las clínicas estaría en Río Hato, para atender a la población de Coclé, de donde proviene el 60% de los casos de personas con insuficiencia renal crónica.
Sobre por qué la mayoría de los pacientes proviene de esta provincia, Lau Cortés indicó que realizan un estudio para determinar la causa. No obstante, dijo que podría tratarse de alguna condición especial o del uso de plaguicidas, por tratarse de una zona agrícola.
Para el director de la CSS sería un “riesgo” no contar con el suficiente presupuesto para brindar la atención adecuada a esta población. No obstante, espera que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, reconsidere el presupuesto que recomendó a la entidad.
Para la OMS es crucial que los prestadores de servicios de salud desarrollen estrategias para mantener los servicios de diálisis, y de forma segura. También es fundamental saber que, en el contexto de la Covid-19, los pacientes de diálisis se enfrentan a nuevos retos, como la reducción del acceso a alimentos para sus dietas y el transporte para acudir a sus tratamientos.
Defunciones
Ahora hay mucho más temor en este grupo de pacientes crónicos, ya que la Covid-19 afecta más a las personas con factores de riesgo. De hecho, las autoridades de Salud estiman que entre el 60% y 70% de las personas que fallecieron por causa del virus presentaban algunos factores de riesgo, como la edad o una enfermedad crónica.
En lo que respecta a los pacientes con insuficiencia renal hasta agosto pasado, la CSS informó que de 2 mil 220 pacientes de hemodiálisis en todo el país, 166 se han contagiado de Covid-19. De este total, 47 fallecieron, 62 permanecen hospitalizados y 57 se recuperaron.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal y Familiares, Alexander Pineda, cualquier recorte que se haga a la CSS en materia de salud pone en riesgo la vida de personas, en este caso la de los pacientes de hemodiálisis.
“Hay muchos pacientes que van a recibir tratamiento el otro año y sería negativo que no existan los recursos económicos. Creo que los responsables de elaborar estos presupuestos deben ser más mesurados porque está en juego la vida de muchas personas”, dijo el representante de los pacientes.
Pineda recordó que desde que la empresa IBT –que brindaba el servicio de hemodiálisis– dejó de hacerlo este año, la CSS lo siguió suministrando de forma correcta e ininterrumpida.
IBT fue inhabilitada –en abril de este año– por el perjuicio económico causado al Estado al incumplir el contrato de construcción de la nueva cárcel de mujeres en Pacora. Esto porque pasaron tres años y la obra solo tiene 35% de avance.
Inicialmente, la CSS tenía planeado aprobar una nueva adenda al contrato original con IBT, pero ante esa situación los planes cambiaron, y terminaron manejando las salas, junto a uno de los miembros del consorcio, la empresa Promed.
Pineda solicitó a la administración de la CSS que siga priorizando la necesidad que tienen los pacientes de hemodiálisis, sobre todo en este escenario de pandemia en el que son un grupo vulnerable al nuevo y mortal coronavirus SARS-CoV-2.
También puntualizó que cada año la población de enfermos con insuficiencia renal crónica crece en un 15%, lo que implica una gran asignación presupuestaria porque el tratamiento que requieren es costoso.
Mayor riesgo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las personas con enfermedad renal crónica tienen una probabilidad aproximadamente tres veces mayor que otras personas de presentar una “Covid-19 grave”.
Además, los pacientes con este padecimiento presentan mayor prevalencia de hipertensión y diabetes, afecciones que se asocian a una mayor mortalidad por Covid-19.
“Dada la elevada carga de la enfermedad renal crónica, el impacto de la Covid-19 en las personas con nefropatías crónicas será grave”, sostiene el organismo internacional en un informe.
Frente a esto, la OMS considera que los prestadores de servicios de salud que atienden a pacientes con estas afecciones y los centros que prestan servicios de diálisis deben mantener los servicios de la forma más eficiente, para este grupo vulnerable durante la pandemia de Covid-19.
A su vez, consideran que dicho servicio debe ser seguro, para evitar contagios entre esta población.
