El hacinamiento sigue siendo uno de los grandes males del sistema carcelario del país. De acuerdo con cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en las prisiones panameñas hay 18 mil 942 personas, pero el sistema está diseñado para albergar 14 mil 591.
Es decir, hay una sobrepoblación de 4 mil 351 presos. La mayoría son hombres que deben compartir celdas hasta con cinco personas. Los números también revelan que casi la mitad de los presos no tienen condena. Hay 7 mil 91 que están detenidos mientras se les investiga por diversas causas. La falta de espacio en las cárceles es una tendencia que se ha incrementado durante años. Ejemplo de ello es que en 2019 habían 17 mil 179 presos. Mientras que en 2020 la cifra era de 17 mil 726. Esto pese a que con la pandemia por la Covid-19, la Dirección General del Sistema Penitenciario, por recomendación de organismos internacionales, aplicó rebajas de penas a los presos que reunían el perfil, con el propósito de reducir el hacinamiento, y así evitar los contagios.
Efecto de la pandemia
Pero, precisamente la pandemia, de acuerdo con Carlos Herrera Morán, de la Comisión de Derechos Humanos, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), empeoró el acceso a la salud, la asistencia judicial, y mermó otros derechos de la población carcelaria.
Herrera Morán alegó que debido a las restricciones se ha hecho casi imposible que los internos puedan tener representación legal adecuada, tema que podría atentar contra los derechos humanos. Relató que algunos internos han denunciado que uno de los problemas más graves en las cárceles La Joya, La Joyita, y la Nueva Joya es la falta de suministro de agua potable. Esta situación fue confirmada por Roberto Sanguillén, de la Comisión por los Derechos de los Privados de Libertad. De hecho, la falta de agua potable dificultó el cumplimiento de las medidas sanitarias para contener el virus. Según cifras oficiales en todas las cárceles del país se han detectado 3 mil 542 casos de Covid-19, de esos 4 mil 444 se habían recuperado. Actualmente hay 88 casos activos, mientras que 10 personas han fallecido.
Sanguillén también explicó que a raíz de lo que llama el “hacinamiento reinante” hay internos que duermen en el piso de los baños, situación que, incluso, fue denunciada por la Defensoría del Pueblo.
Periódicamente organismos de protección de los derechos humanos advierten que los jueces abusan de la detención preventiva. Tanto Sanguillén como Herrera Morán coinciden en que se estima que unas 200 personas ingresan por semana a las cárceles. Mientras que Rodolfo Aguilera, exministra de Seguridad Pública, plantea que la sobrepoblación carcelaria “es un síntoma del fracaso de la política de resocialización de la actual administración”. Aseguró que la aplicación de la “mano dura”, o represión sin resocialización, solo aumenta el número de personas en prisión.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, ha dicho que el sistema penitenciario tiene que ser analizado de una manera “muy profunda”. “Si un privado de libertad cumple su condena y no tuvo la oportunidad de ser resocializado y, por ende, reinsertado, va a salir igual o con las mismas falencias y dificultades que tenía anteriormente”. También ha dicho que uno de los componentes de la reestructuración del sistema penitenciario son los programas de resocialización.
