Si bien las reformas al Código Electoral aprobadas la pasada semana por la Asamblea Nacional (AN) contemplan la paridad de género en postulaciones a cargos de elección popular, la norma no garantiza su cumplimiento.
Los avances consensuados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que buscaban blindar la paridad de posibles intentos de omitir la figura, fueron desechados en la discusión en la Asamblea.
Las Secretarías de la Mujer de los colectivos políticos podrán “certificar” que el partido no cuenta con mujeres para el cargo a postular, exceptuando el cumplimiento de la norma. Esta “válvula de escape”, cómo lo han catalogado algunos diputados, grupos de la sociedad civil y académicos, se mantiene en relación con la ley electoral anterior.
La exdiputada Ana Matilde Gómez, aseguró que la válvula de escape es “violencia estructural”.
Entre las propuestas que la CNRE envió a la Asamblea y que fueron ignoradas se incluía la eliminación de la válvula de escape. Además, se contemplaban otros mecanismos para asegurar la participación, como la obligación de la alternancia de género en listas de postulaciones, de forma tal que dos personas del mismo sexo no pudieran estar en forma consecutiva en la nómina. Esto aseguraría la postulación de mujeres para cargos principales, no solo en suplencias.
Durante la controvertida discusión de las reformas electorales, la paridad fue uno de los temas álgidos. Incluso, el presidente Laurentino Cortizo emitió sus consideraciones sobre el tema en el veto parcial a lo aprobado por la Asamblea. No objetó ese artículo y pareció dar un espaldarazo a mantener la opción de exceptuar la norma en ciertos casos. “Nuestra democracia debe seguir haciendo todo lo necesario para lograr la paridad en las postulaciones, resguardando la posibilidad de que, en casos excepcionales, los colectivos no pierdan la oportunidad de presentar sus postulaciones”, plasmó Cortizo en el veto.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunció que convocará a su Observatorio del Sistema Judicial para analizar la ley de reformas electorales.
El gremio reiteró que los principales tomadores de decisiones del país escogieron “ignorar la voluntad expresa de quienes participaron del proceso de reformas desde su nacimiento, para favorecer intereses electorales de una minoría”.
Con la convocatoria, buscan “brindar al país un informe” para hacer docencia, enriquecer el debate y determinar si lo aprobado tiene visos de inconstitucionalidad.
