El Parque Internacional La Amistad (PILA), que comparten Panamá y Costa Rica, y el Parque Nacional Volcán Barú, en Chiriquí, dos de las reservas más importantes del país, han perdido entre 2012 y 2019 unas 2 mil 35 hectáreas de valiosos bosques.
En el caso del PILA, que también fue declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Ambiente detalló en un informe que la pérdida de bosques para el período 2012-2019 fue de mil 333 hectáreas, lo que equivale a 190 hectáreas por año.
Mientras, en el Parque Volcán Barú la deforestación afectó para ese mismo periodo a 702 hectáreas, lo que refleja una pérdida anual de 100 hectáreas.
La entidad ambiental informó que en ambas áreas protegidas, durante los últimos cinco años atendieron 42 casos, los cuales corresponden a 24 investigaciones de oficio, 15 denuncias escritas y 3 denuncias por redes sociales. De este total, varios han concluido y otros están en diferentes fases dentro del proceso administrativo.
Además, como parte de las acciones tomadas, las direcciones regionales de Chiriquí y Bocas del Toro del Ministerio de Ambiente, y la Policía Nacional realizaron una inspección conjunta del 18 al 20 de septiembre de este año, con el propósito de detectar posibles infracciones ambientales dentro de los límites del PILA, en la cual se observaron dos sitios de tala.
Frente al daño ambiental, instaron a los residentes del área a continuar aportando información específica y oportuna, que permita ubicar el sitio exacto del posible delito ambiental o falta.
Para Susana Serracín, activista de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, ambos parques están siendo muy amenazados. De hecho, dijo que recientemente ambientalistas publicaron un manifiesto, en el cual plantearon una serie de situaciones muy preocupantes en torno a ese tema.
En dicho manifiesto, firmado por 30 oenegés, los ecologistas solicitaron que se respete el ordenamiento jurídico ambiental, y que se frenen y suspendan todos los proyectos ilegales en estas reservas.
También exigieron que se incluya a las organizaciones sociales en los mecanismos de administración de estas áreas protegidas (patronatos), con fondos suficientes para cumplir con su conservación.
“Como ambientalistas nos sentimos consternados y preocupados por la serie de actividades incompatibles con los fines de conservación de que son objeto estas importantes joyas de biodiversidad”, dijo Serracín.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que actúen con base a una planificación ambiental estratégica, y se le imprima celeridad a las denuncias administrativas y penales.
“No podemos darnos el lujo de perder estas importantes zonas de riqueza ambiental”, remarcó.