Para robustecer el proyecto de ley 625 que crea la figura de extinción de dominio en el país, el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas propone cambiar y eliminar al menos 60 de los 94 artículos de la propuesta legislativa que está en manos de la Comisión de Gobierno.
Por ejemplo, argumentan que no es necesaria la creación de una jurisdicción especial, pues consideran que se trata de un recurso patrimonial que es aplicado al proceso civil. Otro de los temas que el observatorio considera importante para fortalecer la norma que ayudaría a combatir el crimen organizado es que se aplique la extinción de dominio a los bienes, frutos, ganancias, permutas provenientes de actividades ilícitas que hayan sido abandonados, al igual que los ligados a procesos en los que se ha decretado el archivo porque no se pudo identificar el sindicado, o cuando se dé un caso de fuga.
El observatorio ciudadano también recordó que Panamá no ha cumplido a cabalidad con el mandato 37 de los Compromisos de Lima sobre “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, que implican promover la cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional, debido a limitaciones financieras.
Aportes ciudadanos para la ley de extinción de dominio
Las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano de Corrupción de las Américas (OCC-Panamá), que coordina la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, analizaron artículo por artículo el proyecto de ley 625 que le daría vida a la ley de extinción de dominio.
El proyecto de ley tiene como objetivo crear un marco legal que permita al Estado hacerse poseedor de los bienes de personas condenadas que hayan sido adquiridos con fondos ilícitos, para usar esos fondos en el desarrollo de políticas de interés social.
El documento elaborado por OCC-Panamá, enviado al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, con el propósito de que sirva como insumo para el debate, analiza cada uno de los 94 artículos que componen el proyecto, sugiere modificaciones de fondo y forma, y las justifica.
La Comisión de Gobierno creó una subcomisión para analizar el tema a profundidad. El presidente de la comisión, Víctor Castillo, aseguró que es un tema que tendrá un amplio debate. No obstante, hasta ayer no se había definido cuándo será la primera reunión de la subcomisión, y tampoco se ha determinado el plazo que esta tendrá para trabajar y avanzar con el primer debate del proyecto de ley.
La subcomisión está presidida por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático Roberto Ábrego. Le acompañarán como subcomisionados su copartidario y presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, y el independiente Juan Diego Vásquez.
La jurisdicción
Varias de las modificaciones recomendadas por el OCC-Panamá tienen que ver con cuestionamientos en cuanto a la creación de una jurisdicción especial para tratar el tema de la extinción de dominio. En el proyecto de ley, los artículos 18 y 19 contemplan “la creación de la jurisdicción especial de extinción de dominio”, y el nombramiento de jueces y sus respectivos suplentes para tratar este tema.
El OCC-Panamá argumenta que no es necesaria la creación de una jurisdicción especial, pues consideran que se trata de un recurso patrimonial que es aplicado al proceso civil. Incluso, citan el poco presupuesto con el que cuenta el Órgano Judicial. Recomiendan la eliminación de ambos artículos.
También sugieren listar los delitos en los cuales cabe la extinción de dominio, para incluir los de lesa humanidad. Además piden que la ley contemple los bienes ilícitos de organizaciones terroristas, pandillas y del crimen organizado internacional, que involucra la trata de personas, delitos de corrupción de menores y delitos contra el medioambiente. En sus recomendaciones, plantean agregar estas consideraciones en el artículo 1 de la ley.
Datos personales
Otro de los puntos clave que identifica la OCC-Panamá mediante su análisis es la importancia de cotejar la ley de extinción de dominio con lo contemplado en la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales. En el artículo 46 del proyecto de ley se habla sobre la obligatoriedad de las entidades públicas, privadas y personas naturales de cooperar con las autoridades en dar respuesta en cuanto a documentación e información solicitada.
El OCC-Panamá advierte de que este es uno de los puntos clave que se deben tener en cuenta durante la discusión y aprobación de la norma, pues las violaciones a la normativa de protección de datos personales podrían viciar y entorpecer la aplicación de la ley.
Similarmente, en el artículo 11, donde se habla de la imprescriptibilidad de la acción, la observación plasmada en el documento es que sería inconstitucional. En la propuesta de ley se plasma que “las actividades ilícitas no generan derechos”. No obstante, juristas detrás del documento plantean que la Constitución Política establece límites máximos al derecho de enajenar bienes.
Varias de las observaciones plasmadas tienen que ver con que el proyecto de ley pareciera contemplar la extinción de dominio como parte de un proceso penal, y la OCC-Panamá argumenta que debe tratarse de un proceso civil. Por esa razón, recomiendan la eliminación de varios artículos que se basan en procesos penales y del Sistema Penal Acusatorio. Es el caso, por ejemplo, de los artículos entre el 57 y el 61. Estos tratan con conceptos como la pretensión (de extinción de dominio) y las audiencias preliminares para los procesos.
Durante la primera sesión de discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno, los diputados miembros de la comisión cuestionaron si el proyecto de ley no debía ser más extenso para contemplar todos los puntos necesarios para la correcta aplicación de la ley.
“Tienen un centenar de artículos, y tal vez haga falta un centenar más”, dijo el diputado Juan Diego Vásquez. Durante su intervención, la diputada del Movimiento Liberal, Republicano, Nacionalista (Molirena), Corina Cano, criticó fuertemente aspectos del proyecto, y manifestó que se estaría entrando en vicios de inconstitucionalidad con varios artículos. Por su parte, la fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, quien acudió a la Comisión y opinó sobre el tema, argumentó que es necesario nutrir el proyecto de ley para que la nueva figura sea autónoma, y así blindarla contra posibles obstáculos del proceso.
El consenso en la Comisión fue que el debate debería ser extenso y complejo, pues se trata de un proyecto de ley que introduciría una nueva figura al sistema judicial panameño. El ministro de Seguridad, Juan Pino, abogó por la norma.
